Por: Dr. Miguel Kottow, Centro de Bioética Universidad Central de Chile
Promulgada la ‘ley de aborto’ y prometido el reglamento de implementación dentro de ‘ojalá’ (Ministra Castillo) los próximos 90 días, parece inoportuno comentar este proceso. Pero ya hay varias aristas que llaman la atención, que pueden perpetuar equívocos y problemas si no se abordan desde ya.
Se lee, en la prensa, que la ley “establece el derecho de la mujer de autorizar el aborto”. No hay tal: la mujer solicita, el médico autoriza o deniega. Los costos del programa se calculan en base a 50 casos anuales de peligro para la madre, otros 50 de fetopatías inviables, y 2000 caso de violación (aunque del Colegio de Matronas viene la opinión que “no son muchos” los casos de violación a ser intervenidos). Cifras aproximadas, cierto, pero muy distantes de los abortos clandestinos producidos en el país (15.000 según los más conservadores, 100.000 según expertos que extrapolan desde estadísticas sobre tasas de nacimiento, 200.000 de acuerdo a los más alarmistas). El problema de salud pública del aborto clandestino, oneroso y riesgoso- queda del todo insoluto.
El tema del acompañamiento carece de música y letra, pero ya hay ofertas en el aire- en el mercado-, que incluyen “apoyo legal para mujeres que soliciten el aborto por las tres causales y le sea negado por objetores de conciencia”, “entregar contención y acogida”, “acompañamiento remoto, por teléfono, por chat todos los días del año”. Y todos se precian de que el acompañamiento es voluntario, no coercitivo: ¿Acaso existe el acompañamiento con coerción?
¿Es esto lo que el Gobierno llama ponerse “a tono con las legislaciones del mundo”? Más bien es el parto de los montes del cual no nace siquiera un ratón, sino un nuevo hato de problemas para la mujeres que anhelaban hacerse cargo de su vida reproductiva.
