Actual directiva de la entidad gremial presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Los Andes a fin de obtener la restitución de los recursos y devolverlos a los socios.
La Fiscalía Los Andes del Ministerio Público tendría establecida la defraudación cometida por los dirigentes Guillermo Candia y Emanuel Cabrera por apropiación indebida de 57 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores de la empresa Gardilcic cuando integraban el directorio de la entidad laboral que en ese entonces agrupaba a unos 900 operarios que se desempeñaban en faenas del área industrial de Codelco División Andina.
Con el propósito de perseguir a los culpables de este fraude en perjuicio de la organización laboral, la actual directiva interpuso una querella criminal en contra de ambas personas, la que fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Los Andes con el patrocinio del abogado Humberto Díaz Jara, con el propósito de que respondan por el dinero que falta y que quedó al descubierto tras una auditoría externa de un perito contable.
La presentación de la querella tiene como objetivo que a través de la acción judicial los responsables de esta apropiación indebida de los 57 millones de pesos respondan y los restituyan para ser devueltos a los socios que en ese entonces estaban activos del Sindicato Gardilcic y, al mismo tiempo, se impongan las penas que la ley establece en estos casos, como sería tras ser procesados privarlos de libertad dado el daño causado a la entidad y a sus socios.
Gardilcic era una de las empresas contratistas con el mayor número de trabajadores que prestaba servicios como contratista en la División Andina, y que debido a las modificaciones que está enfrentando el Plan de Expansión de la cuprífera, actualmente no tiene contrato vigente.
Cuando se descubrió la defraudación del dinero, la entidad gremial dispuso la censura de tales ex dirigentes -Candia y Cabrera-, y fueron censurados también por la Inspección del Trabajo de Los Andes, que fue informada en su oportunidad de la situación ocurrida en el sindicato, sin que los acusados pudieran acreditar con algún respaldo contable el egreso de tales recursos.
