Detectives de la Bridec detuvieron al imputado que fue puesto a disposición del tribunal. Contrabando bordea los $3 millones.
Un nuevo hallazgo de fuegos artificiales realizaron funcionarios de la Aduana Los Andes en el Complejo Los Libertadores, esta vez al sorprender al conductor de un bus internacional, con domicilio en la ciudad de Mendoza, ingresando ocultos los elementos prohibidos en nuestro país y cuyo valor fue establecido en $2.905.591.
Conforme a los antecedentes policiales y del Ministerio Público expuestos en audiencia, el contrabando fue detectado durante los controles que se realizan en la avanzada fronteriza, tal como aconteció días atrás cuando fueron descubiertos elementos de pirotecnia que entraba a territorio chileno un camionero.
Fue el sábado, pasadas las 2:00 horas de la madrugada, cuando el personal fiscalizador realizó la inspección de la máquina de pasajeros que provenía desde la ciudad de Mendoza, encontrando en los ductos del aire acondicionado la cantidad de 630 paquetes que contenían un total de 126 mil unidades de diversos tipos de fuegos artificiales, lo cual fue decomisado.
Del procedimiento fue informado el fiscal de turno, Jorge Alfaro, el que instruyó que las diligencias continuaran a cargo de detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Los Andes, lo que procedieron al arresto del conductor de iniciales J.A.M., de 41 años.
En tanto, el bus fue bajado hasta las instalaciones de Aduanas en el Puerto Terrestre Los Andes en el sector de El Sauce, donde se continuó con la revisión más exhaustiva de manera de establecer o descartar la presencia de más fuegos artificiales ocultos en otros lugares.
Al llevarse a efecto la audiencia en el Juzgado de Garantía de esta ciudad, el persecutor formalizó al conductor por el delito de contrabando, señalando que el imputado no mantiene antecedentes en Chile y por lo cual solicitó nueva fecha para una próxima audiencia donde se discutirá una salida alternativa al procedimiento, un acuerdo reparatorio o se establecerán medidas cautelares.
Así lo determinó la magistrado Valeria Crosa, quien estableció en dos meses el plazo de la investigación.
