Por incumplimiento de Ley de Accesibilidad Universal y vulneración de derechos.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por agrupaciones de personas con discapacidad de la comuna de Los Andes en contra de la Gobernación Provincial de Los Andes, representada por su gobernador Sergio Salazar Vargas, y también en contra de varios servicios públicos que prestan sus labores en el lugar, como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Ministerio de Bienes Nacionales, Sernac, Sence, Fosis y Serviu, dado a que no cumplen con acceso universal vulnerando gravemente los derechos de las personas con discapacidad.
PLAZO CUMPLIDO
Las agrupaciones que interpusieron este recurso son Ciudadanos Fiscalizadores Inclusivos, organización no gubernamental constituida en la ciudad de Los Andes en 2019 para la formación de ciudadanos en derechos de personas con discapacidad y gestión de intereses para la creación de políticas públicas inclusivas; el Centro Esperanza Nuestra Los Andes, organización de personas con discapacidad física; y Agrupación Apura, organización de personas con discapacidad sensorial visual.
Así lo informaron a través de un comunicado de prensa, en que manifiestan que el edificio de la gobernación “no cumple la normativa legal en los siguientes aspectos: falta de señalética, falta de accesibilidad, falta de servicios higiénicos inclusivos, falta de asesor para trasporte de pasajeros, lo que genera una manifiesta discriminación, generando un menoscabo en la salud mental de las personas en condición de discapacidad”.
Recordaron que el 4 de marzo del presente año se cumplió el plazo para que edificios públicos y/o privados cuenten con acceso universal para personas con discapacidad y, particularmente, con movilidad reducida (art. 28 Ley 20422 año 2010), y serán las Direcciones de Obra Municipales quienes fiscalicen su cumplimiento denunciando ante el Juzgado de Policía a los infractores; sin embargo, acotan, la ley también faculta a los ciudadanos a realizar la denuncia.
REUNIONES CON AUTORIDADES Y EN EL CONGRESO
Indicaron que desde hace un tiempo a la fecha han decidido llevar adelante una cruzada para exigir el cumplimiento de la legislación vigente en materia de discapacidad, y en ese sentido se han sostenido reuniones con las autoridades competentes, como el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg; los diputados Longton y Marzán, además de la participación en la Comisión de Desarrollo Social del Congreso.
Agregan que es relevante señalar que la autoridad provincial, el gobernador Sergio Salazar, también se reunió con las organizaciones en comento, “sin embargo, las organizaciones y sociedad civil siguen esperando se cumplan los compromisos verbales de quienes deben ser garantes, establecido en la constitución, de velar por el éxito civil, social y moral de esta política pública”.
Concluyen en el comunicado que “las organizaciones y sus dirigentes tenemos el ‘deber ser’ de demandar a nuestras autoridades altos estándares de eficiencia, capacidad de gestión y resolución efectiva de conflictos sociales. Nuestro estado de derecho permite acciones civiles en jurisprudencia, mismos constituidos en la presentación de recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y denuncia civil ante la Contraloría General de la República, contra todos los servicios públicos responsables de la vulneración de derechos de la personas con discapacidad”.
