Resultado del último informe del Consejo para la Transparencia
SAN ESTEBAN.- Un destacado cuarto lugar a nivel nacional en el cumplimiento a la Ley N° 20.730 de Lobby ocupó el alcalde de la comuna de San Esteban, René Mardones Valencia, conforme al último informe del Consejo para la Transparencia, siendo el único de la región y del Valle de Aconcagua en estar dentro de los cinco primeros.
La ley regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, que tiene como objetivo, siendo su objetivo el fortalecer la transparencia y la probidad en las relaciones con los órganos del Estado.
En el informe se resalta que son los alcaldes los que concentran el mayor número de audiencias, correspondiendo a 13.513 reuniones que equivalen al 37,9%.
De esta forma, se detalla que los jefes comunales que más citas han tenido son los de Teno, con un total de 675; Quilicura, 568; Pumanque, 430; San Esteban, 408; y San Nicolás, 405.
“TRABAJANDO EN FORMA TOTALMENTE TRANSPARENTE”
“Nos sentimos contentos como gobierno comunal y personalmente muy orgulloso con este resultado, ya que esto viene a demostrar que en el municipio de San Esteban estamos trabajando en forma totalmente transparente y haciendo lo que dicta la ley”, expresó el alcalde Mardones sobre este cuarto lugar nacional, reconocimiento por el que agradeció “a los funcionarios municipales de esta respuesta tremenda de la Ley del Lobby”.
Por consiguiente, manifestó que los vecinos de la comuna “tienen que sentirse tranquilos, porque aquí estamos haciendo las cosas apegados a la legalidad y cumpliendo con la normativa vigente”.
EL LOBBY
Cabe consignar que se establece como lobby aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que deben adoptar los sujetos pasivos, en el ejercicio de sus funciones.
También incluye los esfuerzos específicos para influir en el proceso de toma de decisiones públicas y cambios en las políticas, planes o programas, en discusión o en desarrollo, o sobre cualquier medida implementada o materia que deba ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismo público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.