Por: Luis F. González Reyes
Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, mediante la Ley 20.305 se creó el denominado Bono Poslaboral, con posterioridad la Ley 20.636 modificó algunos aspectos, de la primera de las ya mencionadas. En lo principal el Bono Poslaboral está destinado -entre otros- a funcionarios de la educación municipal, que al pensionarse o jubilarse obtuvieren una pensión mensual igual o inferior al 50% de lo que obtenían en servicio activo, es decir, cuando estaban trabajando.
Se trata de una pequeña cantidad de dinero que aporta el Estado, destinado a compensar las bajísimas pensiones.
Un grupo de funcionarios –docentes y asistentes de educación- dependientes del Departamento de Educación de Los Andes (DAEM) presentaron las respectivas solicitud para acogerse al Bono Postlaboral, utilizando para ello el formulario, entregado para ese efecto, por dicho Departamento.
En algunos casos, han transcurrido casi tres años, en otros más de dos y en algunos más de un año sin tener respuesta formal y expresa respecto del Bono Postlaboral, pese a que la Ley 20.305 señala que la jefatura máxima deberá proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos que se indican, además de determinar la remuneración promedio para luego requerir a la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, la Ley 26.636 señala que el Jefe de Servicio que no efectúe o efectúe extemporáneamente las gestiones necesarias para que los funcionarios accedan a los beneficios de esta Ley incurrirá en responsabilidad administrativa.
Además cada etapa del proceso tiene un tiempo determinado para hacerse, en el caso del DAEM Los Andes, tiene cinco días para certificar los documentos o la falta de los mismos para requerirlos formalmente a los interesados.
Ante la evidente tardanza -un grupo de funcionarios- recurrió en varias oportunidades ante la Jefa de DAEM Sra. María Soledad Reinoso Varas, y ante la encargada operativa de dicho Bono. Además de haberse planteado el tema a la Jefa ya dicha y expresado públicamente en los medios de prensa locales, por parte del Presidente Provincial del Colegio de Profesores; por otra parte, el tema ha sido expuesto, hace ya mucho tiempo, al SEREMI de Educación, por intermedio de la Directiva Regional del Colegio de Profesores, la cual acompañó una Declaración publicada en un medio local en Abril de 2016, en la cual llamaba al Municipio a cumplir el trámite y los antecedentes para el Bono Postlaboral.
Aún más, uno de los integrantes del grupo, en Septiembre de 2015 recurrió a la Gobernadora Provincial, en ese momento, María Victoria Rodríguez; al abogado de la Municipalidad y Jefe del Dpto Jurídico, Ignacio Otazo. El tema le fue planteado verbalmente por cuatro de los afectados el día 11 de mayo de 2016; el señor Otazo Poblete es el encargado de Control de la Municipalidad de Los Andes, en esa oportunidad quedó de citarnos, situación que no ha hecho.
Este problema hasta ahora insoluble en que se ha constituido un proceso que tiene responsables y plazos acotados también fue informado a la SEREMI del Trabajo en Valparaíso. Junto a dirigentes del Colegio Regional de Profesores, entregué a la sra. Secretaria Ministerial un voluminoso set de documentos al respecto.
De más está mencionar que la no tramitación del Bono Postlaboral afecta a adultos mayores con pensiones miserables, en este caso, en algunas situaciones particulares con pensiones en torno a los $160.000 o de $220.000. Estos no pueden esperar eternamente el Bono Postlaboral que en alguna forma mitiga y atenúa la situación económica de los pensionados.
Dicha situación es más evidente dado que los sueldos de los funcionarios de educación han sido históricamente bajas, por consiguiente sus fondos previsionales son pequeños y su pensión será aún menor para los que se jubilen al cambiar las tasas de mortalidad en Chile.
No solamente el DAEM no cumple con lo previsto legalmente, sino que transgrede toda norma ética; como prueba de ello el día 26 del presente, la Presidente Bachelet llamó a “pensiones justas y que resguarden la dignidad de las personas”, en su cuenta y mensaje del 21 de mayo indicó que una de sus prioridades es la situación de los adultos mayores.
De más está indicar que el 91,5% de los pensionados en la modalidad de retiro programado en la AFP, no supera los $156.000 mensuales; conocido es que un diputado y senador de la república obtiene más de $9.000.000, o que existen en gendarmería pensiones que superan los $5.000.000; la solución de una AFP estatal, que se menciona en el Programa de la Presidente solamente podrá corregir en mínima medida el mercado de las pensiones, pero no cambiarlo o transformarlo.
Llamamos al Alcalde, al Concejo Municipal, a la Gobernación Provincial y a las autoridades a solucionar el problema del Bono Postlaboral, dado que existiendo pensiones miserables, un aporte estatal por pequeño que sea, viene a otorgar una mínima dosis de dignidad a los adultos mayores.
La desigualdad en nuestro país se evidencia también como desigualdad en el poder, por más que la ley nos otorgue el derecho a tener respuesta frente al Bono Postlaboral, parece imponerse el silencio y el no cumplimiento por parte de las autoridades a las que hemos acudido.
En compañía de Alexis Cuevas, Presidente Provincial del Colegio de Profesores, y frente a la Jefa de DAEM, asumí el compromiso de actuar como Coordinador del grupo de personas afectadas por la no tramitación del Bono Postlaboral, aún más, en Enero de 2015 la Contraloría Regional respondió a uno de los docentes afectados, indicando que requerida la Municipalidad de Los Andes, esta no emitió informe alguno, pese a estar sometida al principio de eficiencia, impulsión de oficio y de celeridad.
¿Quién y cómo responde?
