Por: Dr. Jaime Contreras Pacheco, decano Facultad de Medicina U. Andrés Bello
La formación de un médico especialista en Chile es de elevados costos tanto para el Estado (MINSAL) como para los centros formadores. En la universidad en que trabajo formamos especialistas en las áreas más variadas, y el costo de esa formación por alumno residente varía desde los $ 25 millones a los $ 60 millones anuales, dependiendo de los recursos humanos, infraestructura y equipos necesarios. Este monto no menor, lo asumimos con la responsabilidad de aportar al cierre de la brecha de falta de especialistas en el país.
Sin embargo, una vez que estos profesionales se gradúan, un considerable porcentaje incumple con el pago de su formación, trabajando por un tiempo equivalente al doble de los años de apoyo MINSAL en un servicio de salud designado y conocido desde el inicio de ésta.
¿Puede el MINSAL hacer algo al respecto? Probablemente no, pero sí el Estado a través de una forma legal que desautorice la inscripción de estos profesionales en el registro de la Superintendencia de Salud y, por tanto, les impida inscribirse como prestadores de FONASA e ISAPRES, o ser contratado por clínicas privadas.
Parece una dura pero necesaria medida. En esta sociedad tan llena de acciones irresponsables, alguien tiene que “ponerle el cascabel al gato”.
