Con la presencia del Ministro de Obras Públicas y de los dirigentes e integrantes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, la Cámara Baja aprobó en segundo trámite constitucional la iniciativa que regula aspectos técnicos, normativos, tarifarios, de gestión y patrimoniales de los sistemas de agua potable rural.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales propuesto por el Gobierno y que beneficia a los 1.729 sistemas que proveen de agua potable a más de 1 millón 700 mil habitantes de sectores rurales del país.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que asistió a la sesión de la Cámara, agradeció y felicitó a la Cámara de Diputados por esta votación unánime en esta nueva norma “que es probablemente la ley en el sector rural más importante en los últimos años”.
“Se trata de una legislación que le va a dar institucionalidad a un sistema en que más que 1.700.000 personas son abastecidas de agua a través de pequeñas cooperativas y comités, pero en donde, sin embargo, no estaban establecidos los derechos, los deberes, cómo apoyaba finalmente el Estado más allá de la apertura de los sistemas”, destacó el Ministro Undurraga.
“Con esta ley que acaba de aprobar la Cámara de Diputados y que esperamos que también el Senado la apruebe en tercer trámite, podemos decir que vamos a tener una institucionalidad que no sólo se hace cargo de derechos y deberes, no solo se hace cargo de proteger a los sistemas de APR del crecimiento de las empresas sanitarias, sino que también incorpora un nuevo desafío que es tener el saneamiento, que las aguas servidas puedan ser tratadas y que eso sea una política de Estado”, destacó el Ministro de Obras Públicas.
La ley fue votada en la sala después de ser aprobada por las Comisiones de Recursos Hídricos y Desertificación; de Obras Públicas; de Transporte y Telecomunicaciones; y de Hacienda.
El Programa de Agua Potable Rural –APR- se inició en 1964, donde algunos sistemas tienen más de 50 años de funcionamiento y en 1994 se inserta en el Ministerio de Obras Públicas. La normativa existente no permitía avanzar a un mayor desarrollo de los servicios y por lo mismo, de las organizaciones de la comunidad que los administran, operan y mantienen. La nueva norma regula aspectos técnicos, normativos, tarifarios y formas de gestión, tanto para agua potable como para el saneamiento. Asimismo, se trata de una iniciativa importante para efectos de la estrategia del Gobierno para enfrentar la sequía en Chile.
Al finalizar la votación, los dirigentes de los sistemas de agua potable rural, que siguieron atentamente la discusión parlamentaria, agradecieron la aprobación unánime del proyecto de ley.
