Los camioneros de empresas internacionales de transporte de carga se aponen a la creación del Centro Integral de Servicios al Camionero que se proyecta en la localidad de Uspallata, cercana a la frontera con Los Andes.
Los transportistas vienen impulsando desde el año pasado una serie de iniciativas destinadas a frenar la iniciativa del Gobierno, como es acciones de protestas callejeras y toda una estrategia legal.
Sin embargo la Fiscalía de Estado echó por tierra los argumentos de inconstitucionalidad que la agrupación empresarial, Aprocam impulsaba en contra del emprendimiento aprobado por el ex intendente lasherino Miranda y reformado por su sucesor Orozco, al considerar que tanto el proceso licitatorio como el contrato con al UTE Dorisol son legales.
El Diario Los Andes informa que el proceso licitatorio desarrollado se ha ajustado, en términos generales, a la normativa vigente y por el pliego de condiciones que rigieron el procedimiento, indica el dictamen fiscal.
Por lo tanto, agrega la publicación, el órgano extrapoder considera que las denuncias de inconstitucionalidad del proyecto (la inicial y su posterior ampliación presentada por Aprocam referidas a la licitación y luego a la firma del contrato con la UTE) «devienen en abstractas». A eso se suma que el carácter inconstitucional requiere «probar debidamente el agravio con un caso concreto» (flagrancia incuestionable).
«No se vislumbra disposición legal que dificulte o grave el transporte de cargas interjurisdiccional o internacional, o la circulación de artículos de negocios o industrias ya afectadas por parientes fiscales o iguales conceptos en otras municipalidades de la provincia», asevera la resolución, concluye la publicación transandina.
