Por: Neftalí Carabantes, Secretario General, U.Central y ex Subsecretario de Carabineros
Los dos últimos años no han sido fáciles para Carabineros. Pese a todo lo sucedido, Carabineros es y seguirá siendo una institución fundamental para la prevención y el combate a la delincuencia.
El envío del proyecto de ley del Gobierno, que moderniza la gestión de los cuerpos policiales, introduciendo cambios y controles en el ámbito organizacional, operativo y financiero, es oportuno y altamente valorable. No obstante, como toda obra humana es perfectible, más aún, a la luz de los hechos que rodean la injusta y condenable muerte de Camilo Catrillanca.
Se requiere en forma urgente un plan de modernización estratégica de Carabineros. No se trata de un simple upgrade, sino una verdadera reingeniería organizacional y de imagen corporativa, que incremente sus niveles de transparencia, la hermane con la ciudadanía, y mejore su eficiencia operativa, tal como el año 2008 lo concretó la antigua ‘PICH’ –Policía de Investigaciones de Chile- hoy la ‘PDI’, dejando atrás males semejantes a los de Carabineros.
La actual estructura decisoria -Alto Mando y Direcciones- es anacrónica y no contribuye a realizar eficientemente su labor constitucional. Se aprecia un aparato lento, pesado, con mucho papel. ¿Se justifica hoy en día una Dirección de Bienestar, otra de Salud?, podríamos seguir. A contrario sensu, parece evidente crear unidades acordes a las nuevas tipologías delictuales, por ejemplo, una encargada de la ciberseguridad.
Por otra parte, es imperioso incorporar en la Ley Orgánica de Carabineros, un principio clave de todo cuerpo policial, cual es fundar su accionar en el “marco jurídico del uso racional y legítimo de la fuerza”, con sujeción a 5 grandes principios: Estado de Derecho (debido proceso); Legalidad (apego al marco normativo); Proporcionalidad (cuánta fuerza utilizar); Oportunidad (cuándo utilizar la fuerza) y transparencia (de los servicios policiales). Lo anterior, por expresa recomendación de la Corte Interamericana de DD.HH.
Además, es clave incorporar una última instancia no institucional -la Contraloría, por ejemplo- en sus procesos investigativos internos, pues en ocasiones Carabineros es criticado por su poca capacidad de investigar objetivamente a su personal en faltas o delitos. A este respecto, el Gobierno ha solicitado investigaciones por hechos acaecidos en La Araucanía, en tanto, el Mando continuará aplicando sanciones soberanamente, sin que pueda la Contraloría General de la República emitir opinión al respecto.
Es dable celebrar el anuncio gubernamental de retirar el GOPE de La Araucanía, cuya esencia militar y áreas de competencias, como desactivación de bombas, rescate de personas, y combate al terrorismo, no se condicen con la realidad en la zona. Es coherente que en La Araucanía y en todo el país, se encuentren presentes Fuerzas Especiales, pues estas tienen por misión restablecer el orden público quebrantado mediante la aplicación de tácticas eficaces y proporcionales en relación al uso la fuerza, en caso de disturbios urbanos, rurales, catástrofes y calamidades. En suma, no es bueno militarizar la zona con el mal llamado Comando Jungla o en su momento la operación Huracán, sino todo lo contrario, es hora de buscar el diálogo y el encuentro con nuestras comunidades mapuche.
