Por: Leonardo Olmos Castro, Coordinador Regional de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito
Chile ostenta una de las mayores tasas de penetración de internet en América Latina con más de un 70% de la población conectada y a su vez, un aumento de un 74% en delitos informáticos durante 2017 respecto al año anterior según cifras de la PDI, lo que ratifica la urgente necesidad de mejorar los estándares en el país, encarar de mejor manera los ciber delitos y garantizar a los ciudadanos sus derechos en el ciberespacio.
Ante este escenario, el Gobierno ha asumido el compromiso de poner la revolución tecnológica al servicio de los ciudadanos sin que ésta se transforme en su enemigo, para lo cual el Presidente Sebastián Piñera Echenique ha anunciado la creación y puesta en marcha de la Política Nacional de Ciberseguridad, que es el primer instrumento que tiene el Estado para resguardar la seguridad de la población y de sus derechos en el ciberespacio. Se trata una serie de inéditas medidas que contemplan el ingreso de un proyecto de ley sobre delitos informáticos, permitiendo actualizar los delitos, penas y procedimientos a los nuevos tiempos; la creación de un instructivo presidencial de ciberseguridad para funcionarios públicos, estableciendo en cada servicio un responsable para generar un mapa de vulnerabilidades y riesgos, así como metas y acciones concretas para la seguridad de la información del Estado.
Este proyecto busca modernizar la normativa de la actual Ley 19.223 que data del año 1993, que tipifica sólo cuatro figuras penales relativas a la informática, actualizando el catálogo de delitos y entregando medios para desarrollar las investigaciones penales necesarias para castigar ilícitos de esta naturaleza o ciberataques, incorporándose como delitos la perturbación informática, el acceso ilícito a bases de datos, la interceptación ilícita de sistemas informáticos, el delito de daños a datos, falsificación, fraude informático y el abuso de dispositivos para cometer esta clase de delitos, otorgando legitimidad al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus delegados en regiones y provincias para presentar querellas contra quienes cometan delitos en servicios de utilidad pública. Permitirá contar con nuevas herramientas de investigación como los agentes encubiertos o informantes y se perfecciona el código penal con miras a aumentar las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones para facilitar las indagatorias criminales.
La actualización de la legislación de delitos informáticos y el compromiso ciudadano con la propia ciberseguridad son pasos claves para la plena y segura incorporación de Chile a la nueva revolución tecnológica. Con esta iniciativa del Gobierno del Presidente Piñera se contribuye a que la tecnología esté realmente al servicio de las personas y no contra éstas.
