El directorio de Codelco acordó que llevará hasta los Tribunales de Justicia la controversia generada por los últimos pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR), de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la empresa. Esto, luego de las recientes declaraciones del contralor que anticipan el rechazo a la reconsideración en curso, lo que dificulta una solución por la vía administrativa.
Adicionalmente, el directorio acordó convocar a una sesión extraordinaria el día lunes 5 de junio en la que se analizará el estado del diferendo con la CGR y medidas adicionales que tomará la empresa. El directorio quiere dar una señal de tranquilidad a toda la sociedad chilena y asegurar que trabajará para minimizar las dificultades que este diferendo está causando en las operaciones y contrataciones de la Corporación.
Las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez en presentaciones realizadas en el Congreso, dejan ver que dicha autoridad entiende que la CGR posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la Corporación difiere, pues cuestionan directamente el rol que la ley ha otorgado a su gobierno corporativo, diferencia que deberán resolver los tribunales.
A juicio del directorio de la empresa, optar por el camino judicial evitará un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública.
En relación a la información difundida por la prensa hoy, sobre contratos con empresas relacionadas por US$783 millones, cabe señalar que dicha cifra nace precisamente de la diferencia interpretativa que origina la controversia. La Contraloría señala que a Codelco se le aplicarían ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas que la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la CGR y a la Cámara de Diputados. En tanto, la Corporación se ha regido hasta ahora por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina para la contratación con empresas relacionadas, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley (Ley de Compras Públicas).
Cabe precisar que respecto a los contratos con partes relacionadas, las declaraciones del contralor implican que su objeción no apunta a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la CGR y a la Cámara de Diputados que señala la Ley de Compras Públicas. Adicionalmente, se debe tener presente que estos contratos son sometidos a los controles, exigencias legales y procedimientos que la Ley de Sociedades Anónima contempla para garantizar que sean realizados en el interés de la empresa.
Mientras se mantenga esta controversia jurídica, el directorio de Codelco ha instruido a la administración gestionar a la empresa tomando los resguardos para no exponer a sus ejecutivos y profesionales a decisiones en materias donde se ha generado incertidumbre a raíz de la interpretación hecha por la Contraloría, buscando afectar en la menor medida posible el buen funcionamiento de la empresa.
Asimismo, Codelco reafirma su compromiso con seguir fortaleciendo las prácticas de probidad, transparencia y buen gobierno corporativo, así como con mantener su apertura y colaboración con las instancias fiscalizadoras establecidas en el marco regulatorio aplicable a la empresa, tal como ha instruido su directorio. También la empresa desea aclarar que no es efectivo que Codelco busque gestionarse sin controles, o al margen del Estado de Derecho y su marco jurídico. Cabe recordar que la Corporación es una de las empresas del Estado más controladas en el sistema institucional chileno. En particular, la empresa nunca ha cuestionado las atribuciones de la CGR para ejercer el control de la legalidad de los procesos de la compañía respetando su estatuto legal, el que opera a través de Cochilco y excepcionalmente de manera directa. En cambio, el directorio de Codelco sí difiere en cuanto a que la entidad contralora tenga las competencias y atribuciones para evaluar el mérito empresarial de las decisiones del negocio.
