Por: Guillermo Fuentes Contreras, director Escuela de Contabilidad y Auditoría, U. Central
Nuevamente la sociedad chilena se entera de un caso de colusión ¿Nos sorprende un nuevo fraude corporativo de cuello y corbata? Ahora fue el turno de los laboratorios con medicamentos inyectables.
Cuando las empresas de un mismo sector se coluden, aplican estrategias de fortalecimiento para mantener el control del abastecimiento del producto que distribuyen, recibiendo las ganancias por igual, con la finalidad de parcializar el mercado, convertirlo en un monopolio de acción, solo para quienes forman parte de la colusión establecida, cerrando las puertas a las demás compañías que intentan, a menor escala, ser parte del grupo de libre competencia.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este jueves que presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra dos laboratorios pertenecientes a un conglomerado alemán y su filial en Chile, que irónicamente, algún espacio de conversación y lineamiento común han de tener en la última línea de sus estados financieros: las manipuladas utilidades, de formar y mantener por más de una década, un cartel para afectar licitaciones convocadas por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) para adquirir ampollas.
Otra vez se instala el triángulo del fraude corporativo, afectando esta vez, a través de licitaciones públicas, la contribución impositiva de todos los chilenos. Este delito obedece a tres factores.
En primer lugar, la presión o incentivo interno o externo para cometer el fraude, es decir, desde la propia compañía, los ejecutivos pretender alcanzar metas de desempeño altas por volúmenes de venta; obtener bonos en función de incremento en las utilidades y, externamente, responder a presiones o compensaciones mediante acuerdo o amenazas de un mismo controlador.
En segundo término, concurre la oportunidad percibida, donde existe un entorno favorable para cometer los actos pretendidos. Sin embargo, esta oportunidad se presenta cuando alguien tiene el acceso o la información para realizar sus irregulares acciones. Entonces, es dable pensar que estas empresas actúan mediante información recibida de su cliente, en este caso Cenabast, lo que seguramente será materia de investigación.
Por último se da la racionalización, entendida como que el fin justifica los medios, actitud equivocada de quienes cometen o planean un fraude, tratando de convencerse a sí mismos, consciente o inconscientemente, de que existen razones válidas que justifican su comportamiento impropio.
Si a estos tres factores de corrupción, agregamos las sanciones recibidas por los ejecutivos involucrados en los casos anteriores, se deja entrever que asistir a un curso de ética empresarial, no estremece el accionar de los ejecutivos de las empresas ante prácticas corruptas. Por eso, es importante establecer penas privativas de libertad.
Un tirón de orejas al sector público; las evaluaciones y seguimiento de procesos, de control interno, deben ser permanentes, así como incorporar alertas tempranas en puntos críticos del proceso para evitar actos de corrupción. Hoy más que nunca se debe incorporar la auditoría forense como técnica preventiva del delito y no como detectora tardía en la lucha contra el fraude.
