Por: Ps. Víctor Cortés Zapata
La última elección presidencial dejó instalado, por significativa y amplia mayoría, un gobierno que, tempranamente durante la campaña, propuso llevar a cabo importantes reformas – educacional, tributaria, laboral – recogiendo, así, la demanda mayoritaria de la población expresada en las calles del territorio nacional. La masividad del apoyo a tales demandas, fue escuchado incluso por sectores históricamente reticentes y opuestos a los cambios en políticas tributarias, por ejemplo, además de mostrarse dispuestos, en esos momentos, a discutir materias constitucionales.
La Realidad Social de Chile muestra un sistema de relaciones sociales agotado por la desigualdad y el abuso, con expresiones cada vez más crudas y expoliadoras, las que se hacen evidentes en el consumo, como son los casos de colusiones empresariales de las farmacias, de los pollos, la reciente y prolongada del papel higiénico, ó la conocida estafa a sus clientes cometida por la multitienda La Polar, sumado esto a la sensación ambiente de la impunidad judicial con que se favorece la comisión de tales graves delitos de carácter social, relativizados como “faltas”, “equivocaciones”, lo que ha dado lugar a ninguna o mínima justa reparación económica por el daño causado, a la indefensa población consumidora. Y esto, claro, provoca indignación social, pues se siente la impotencia de una discriminadora forma de aplicar la justicia. Se suma a lo anterior, la evidente crisis de representación política, que aparte del perverso contubernio política-dinero, se verifica una marcada superficialidad en sus participantes, con muchos de los partidos políticos desideologizados, funcionando como meros referentes instrumentales, lo que favorece la aparición del personalismo y la desmedida ambición individual, en detrimento de las causas sociales como fundamento y objetivo de toda organización política. Situaciones como estas originan crisis de confianza en el funcionamiento de las instituciones, sin que ello signifique poner en duda la legitimidad de su existencia. La Institución Presidencial, el Parlamento, los propios partidos políticos, y la Democracia como el mejor sistema de gobierno, se cuentan legítimamente como necesarios y propios de un buen funcionamiento para el orden y la legitimidad social.
Se ha podido apreciar el difícil trámite parlamentario de las reformas que hasta hoy han sido presentadas. Por ejemplificar, cuesta creer que se produzca oposición hasta llegar al Tribunal Constitucional, con el proyecto sobre gratuidad destinado a favorecer a doscientos mil alumnos de la Enseñanza Superior, a contar del próximo año, constituyendo, así, el primer paso para la gratuidad universal. Siendo indiscutible y sano el ejercicio de una Oposición, ésta debe ser constructiva y nó cerrada, mirando el bien común que favorezca a la mayoría de la población nacional, y nó el interés de parte de los estrechos grupos sociales que representan. Acusan de ideologismo en las reformas, pero es justamente la Oposición la que evidencia ponerla en práctica en cada una de sus críticas a los proyectos de ley presentados, buscando retardar, obstruir, entorpecer, pero no construir en conjunto una mejor realidad social, más justa y humana para todos los chilenos.
¿Cómo avanzar? Solo deponiendo actitudes obtusas, dialogando sin condiciones espúreas, flexibilizando posiciones sin perder el eje de las necesidades urgentes de la población. Las reformas planteadas son necesarias, que hasta la propia OCDE así lo acaba de reconocer a través de su secretario general, Ängel Gurría, afirmando que “Chile crecería 1% más cuando empiecen a regir reformas” (El Mercurio, 26 de Noviembre de 2015, Economía y Negocios). Se trata, entonces, de superar los prejuicios, y como se dá en la Teletón, ocurra un abrazo fraterno en la común tarea de construir un país más justo y digno, inclusivo, esto es, trabajar lealmente por levantar la Casa de Todos, parafraseando al Papa Francisco.
