Por: Emilio Oñate Vera, decano Facultad de Derecho, Universidad Central de Chile.
Durante los próximos días el Senado deberá resolver sobre la denominada agenda corta anti delincuencia impulsada por el Ejecutivo, entre las medidas más polémicas de dicha agenda está el control de identidad. Sabido es que las políticas públicas son decisiones o procesos resolutivos que diseñan e implementan los gobiernos para resolver problemas de relevancia social en un determinado momento, qué duda cabe, la delincuencia es uno de los problemas sociales que más fuerte ha golpeado a Chile, y sobre el cual se han hecho sucesivos y múltiples anuncios, sin que hasta ahora se haya abordado seriamente ni desde la perspectiva de la prevención, ni desde la penalización efectiva.
Lo que es más delicado, el solo hecho de hablar de agenda corta, da la sensación de que este problema se está abordando a la ligera, sin el análisis ni la evidencia necesaria en la experiencia comparada para dar una solución sostenida, muestra de un botón es este control de identidad, que no tiene evidencia verificable de ser una acción eficaz para el combate a la delincuencia, incluso más, en la actualidad a propósito de la ley de violencia en los estadios, Carabineros cuenta con esta facultad para que una hora antes de la apertura del recinto deportivo y hasta tres horas después de terminado el partido, en las inmediaciones del estadio, pueda solicitar a las personas documentos que verifiquen su identidad. El resultado de esta facultad entregada a nuestra policía es paupérrimo, igual a cero, la violencia y actos criminales en los estadios no se han detenido, por el contrario han aumentado. Por consiguiente, cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene persistir en una medida que no ha dado resultados, ni aquí ni en otros países?
Ahora bien, analizando más de fondo, se entiende que la administración cuente con facultades discrecionales para ejercer la función pública que le ha asignado el legislador, en este caso Carabineros, sin embargo, no es razonable hacerlo afectando garantías constitucionales que tanto han costado fortalecer en nuestra historia reciente. Aún más grave es la transgresión que con el control de identidad se haga de la igualdad ante la ley, en efecto, el proyecto plantea que Carabineros podrá requerir a cualquier persona un documento que corrobore su identidad, lo que a juicio de algunos permitirá verificar las órdenes de detención que tengan pendientes. Pues bien, ¿a quienes, dónde y bajo qué criterios se solicitará este documento?, muy probablemente a quienes cumplan con el estereotipo de potenciales delincuentes, es decir, se discriminará por vestimenta o forma de hablar… Hasta la saciedad hemos escuchado que la desigualdad es uno de los principales problemas que afectan a nuestro país, con esto profundizamos ese problema, y lo que es peor, se haría desde la institucionalidad pública.
Si realmente queremos hacernos cargo de la delincuencia, avancemos en medidas sistémicas como la indispensable actualización del Código Penal, la Ejecución efectiva de las penas y la reinserción social, de lo contrario seguiremos resolviendo problemas de largo aliento, con propuestas de corto tiempo.
