Sr. Director,
Esta importante institución se encuentra lamentablemente bajo el ojo de un huracán. Y no es para menos. El concepto “corrupción”, en su sentido amplio, se refiere a cualquier actividad contraria a la función pública, sea o no constitutiva de delito. A raíz de ello, me parece muy triste que una alta autoridad de la República justifique un comportamiento que claramente atenta contra la mencionada función pública, como lo es buscar un resquicio legal para abultar una pensión de jubilación. La explicación de que un funcionario actuó “legalmente” o señalar que contaba con el visto bueno de Contraloría, no son argumentos válidos para justificar un actuar corrupto. Se actuó mal, y los involucrados lo saben. Lo mismo se puede señalar a propósito de las licencias médicas cuestionadas. El aparato estatal es burocrático, todos lo sabemos, muchos de los sueldos de nuestros funcionarios públicos también son bajos, también lo sabemos, pero nada de eso justifica o explica comportamientos que afecten la probidad administrativa o la función pública. Es el momento de que cada uno de nosotros actúe. Recordemos que el Tratado de la OCDE nos señala que el combate contra la corrupción comienza a partir de cada uno, nosotros, entendidos como personas singulares, con nombre y apellido. Lo dejo para la reflexión.
Gustavo Balmaceda Hoyos,
Director Departamento de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello.
