En el sitio del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio a conocer el listado de los 724 reos que obtuvieron la libertad condicional en la V Región, varios de los cuales cumplen condena en las cárceles de Los Andes y San Felipe por diversos delitos.
Esta decisión judicial ha originado numerosas críticas desde el gobierno y parlamentarios de diversos sectores, por la alta cantidad de reos que fueron liberados con este beneficio, pese a existir, para la mayoría de ellos, un informe negativo de Gendarmería que sugirió no otorgar este beneficio a 528 internos, lo que no fue tomado en cuenta por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones.
La institución carcelaria aclaró que la libertad condicional es una forma de seguir cumpliendo la pena en libertad, y no extingue la responsabilidad penal.
Entre los reclusos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes que recibieron este beneficio figuran sujetos condenados por asaltos, tráfico de drogas, robo en viviendas y violación, entre otros.
Desde el Centro de Cumplimiento de Los Andes fueron liberados 46 internos, y desde el CCP de San Felipe otros 69 reclusos, los que registran residencia en las comunas el valle de Aconcagua, y otros provenientes de Santiago, Quillota, Concón, Quilpué, Viña del Mar, Cabildo, Quintero, Valparaíso, La Calera, y Villa Alemana que cumplen condenas en estos recintos penitenciarios.
Al menos 20 de ellos son calificados de alta peligrosidad por ser autores de delitos de alta connotación social, y algunos de ellos son reincidentes.
Gobernadora: “Esperamos que hayan tomado conciencia y no tengamos que lamentar un aumento de delitos”
Como una comunicación “inesperada” calificó la gobernadora provincial de Los Andes, María Victoria Rodríguez, la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de otorgar la libertad condicional a 724 reos de la región, entre estos 46 que se encontraban en el recinto penal andino.
Cabe señalar que en total fueron 50 los reclusos los que postularon a este beneficio, habiendo sido solo 4 rechazadas.
Indicó fue la Seremi de Justicia, Paz Anastasiadis, quien le informó sobre la determinación, ante lo cual tomó contacto con las jefaturas y oficiales de Carabineros y de la PDI informando sobre esta situación, a la vez de solicitar mayor resguardo.
“Pensamos que estas personas aprobaron un proceso de reinserción social, que significaba que podían reiniciar sus vidas y darles la oportunidad de participar activamente y de manera honorable en nuestra sociedad; pero también existe la percepción de riesgo en nuestra comunidad que se relaciona más bien con la inseguridad a raíz de la reincidencia de muchas de las personas que delinquen, por lo tanto se tomaron las medidas de protección”, manifestó la autoridad.
Planteó que quienes obtuvieron este beneficio lo sepan valorar y lo demuestren al volver a insertarse en la comunidad.
“Esperamos que estas personas hayan tomado conciencia de la confianza que ha puesto el Poder Judicial en ellos y no tengamos que lamentar que esta situación implique un aumento de delitos en nuestra provincia”, dijo de manera categórica la gobernadora.
María Victoria Rodríguez insistió que esta no fue una decisión del gobierno sino que del Poder Judicial que es autónomo, que ante esta determinación dan fe de los respectivos procesos que permitieron dejar en libertad a estos reclusos.
“Obviamente interpreto al gobierno, ya que me hubiera gustado trabajar con antelación esta situación, saber de qué personas se trataban, cuáles fueron los procesos, en qué medidas reparatorias participaron cada uno, ver los procesos de reinserción a los que fueron sometidos, las redes familiares y de protección, y las medidas que se tomaron para evitar que esta situación afecte a la ciudadanía en general. Eso nosotros no lo sabemos y por eso nos hubiera gustado haber sido parte”.
