Por: Dr. Helmuth Goecke, director Carrera de Medicina UNAB
En el discurso inaugural del Seminario Anual del gremio, el Presidente de Clínicas de Chile, manifestaba que el Estado desconoce el costo de las prestaciones que se realizan en la red pública de salud. Este desconocimiento, según el dirigente, sería la razón del endeudamiento de los hospitales, y que de conocer esta información, le sería razonable acudir al sistema privado al saber de su similitud.
Esta aseveración tiene dos elementos a rebatir: los hospitales tienen un sistema de costeo de sus prestaciones que les permite conocer exactamente cuánto cuesta a la institución cada una de ellas, y cómo incide finalmente en ese valor cada rubro. Del análisis de costos, se puede inferir que entre un 60% y a veces más de éstos son fijos y responden principalmente al rubro de remuneraciones; es decir, son independiente de la producción. De esto se desprende que si se aumenta la producción, si se aprovecha la capacidad ociosa, si disminuyen los días no trabajados por movilizaciones, por ejemplo, si disminuye la suspensión de intervenciones quirúrgicas, aumenta el número de prestaciones y disminuye su costo unitario. Por el contrario, si se refiere pacientes al sistema privado por gestión insuficiente o por alguna de las causas anteriores, entonces disminuye la producción y puede que en ese caso, los costos se igualen a los del sector privado.
Un medio se refería hace pocos días al alto valor de las consultas de urgencia en hospitales de alta complejidad al atender pacientes con patologías no urgentes (C4 y C5); de acuerdo a lo señalado, si se saca de estos servicios de urgencia al 60-70% de consultantes, que es lo común por estas categorizaciones, el costo unitario se elevaría considerablemente; sin embargo las verdaderas urgencias podrían ser atendidas en forma más oportuna y de mejor calidad, es decir, en forma más eficiente.
La verdadera razón del endeudamiento radica en que, conociéndose el costo de producción, los aportes institucionales no son los correspondientes a éstos, y si se supera el número de prestaciones programadas para satisfacer la demanda, el asegurador (Fonasa) no financia este mayor servicio a los usuarios. Con esto se concluye que derivar pacientes al sistema privado, es un mal negocio para la salud pública y que la solución va por otra vía.
