Por: Ps. Víctor Cortés Zapata
No siendo distinto de otros países, los efectos de la pandemia originada por la aparición del corona, en Chile, ha conducido , agravando la crisis ya antes instalada, a la casi paralización de la economía con impacto directo en el desempleo ya mayor a dos dígitos en la metropolitana y otras regiones del país; a la instalación de ollas comunes como paliativo del hambre en los hogares de grandes sectores de la población nacional, a la muerte silenciosa donde no ha sido posible vivir el duelo de amados familiares afectados por el virus y por otras enfermedades también, estableciéndose por ello justificables restricciones de acercamiento interpersonal de todo tipo. Se vive, no poco corrientemente, pasajes de “sombras tenebrosas”, pues hay mucho miedo cuando nos vemos acercando al triste e inhumano estado de pobreza, con angustia frente a la posibilidad real de la muerte por contagio, situación que se vive ahora por la posibilidad de un rebrote del virus, poniéndonos en “jaque mate” nuevamente.
Estudios sociales anteriores a la pandemia, mostraban ya los efectos primarios de una latente crisis social, fenómeno al que solo le faltaba manifestarse, lo que se produjo el 18 de octubre de 2019, en el impactante “estallido social”, expresión masiva de una protesta extendida a través del país, respondiendo a carencias en las condiciones de vida, ya medidas en la CASEN 2017 (Caracterización EconomicoSocial Nacional), en el rubro “pobreza multidimensional” , en que el 20% de los habitantes califica en la Pobreza, figurando las mayores carencias en seguridad social (30,1%), escolaridad (20,4%) y habitabilidad ya sea por hacinamiento y/o mal estado de la vivienda(18,8%). De acuerdo a estos datos ponderados, a casi 4,5 millones de personas en nuestro país, la vida estaba resultando muy dura.
Ahora, la pandemia puso al desnudo esta fragilidad estructural en todas sus dimensiones socioeconómicas, con muestras claras de hacinamiento habitacional que se vive en amplios y desprotegidos sectores de la población, acompañado el terrible fantasma del hambre mitigado por el paliativo solidario de la organización humanitaria de las ollas comunes, refugio y consuelo de necesidades tan básicas y vitales como la alimentación, factor esencial de sobrevivencia.
Ambas crisis, la humana y la social, deben ser resueltas a través de las instituciones democráticas que el Estado, compendio de todo el país, ha ido progresivamente creando como formas sanas de resolución de conflictos, sin recurrir a la violencia, fuerza que en un Estado de Derecho es uso exclusivo del Estado y legalmente regulado.
El desarrollo del crítico conflicto social en Chile, no escapa al que afecta a la mayoría sino a todos los países del orbe, con pocas excepciones, en orden a no saber responder a las justas demandas de la ciudadanía, utilizando la fuerza institucional en forma violenta, superando la norma legal regulatoria de la misma y alcanzando, por ello, desgraciadamente, la comisión de actos violatorios de Derechos Humanos, como por ejemplo lo ha sido el cegar total o parcialmente a más de 400 personas a través de disparos directo a los ojos de los mutilados. Ante estos atropellos a los Derechos Humanos, así considerados a lo menos por tres de los Organismos internacionales dedicados a su observación y defensa, motiva la reacción de una fuerte y masiva protesta de la comunidad nacional, apareciendo también minoritarios grupos, aún en nebulosa, recurriendo a la comisión de actos repudiables y rechazados por todos sin excepción, como ha sido la destrucción de bienes públicos y privados, desvirtuando de esta manera a la legítima protesta frente a abusos de larga data, ocurridos en todos los ámbitos del quehacer cotidiano nacional.
Se vive un proceso de deslegitimación de la institucionalidad en su conjunto , los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Fuerzas Armadas, Carabineros, y otras importante instituciones de alta valoración social como lo es la Iglesia y demás instituciones de otros credos religiosos. Este clima de deslegitimidad institucional, puede y debería ser superado a través del proceso constituyente de la nueva Constitución, máximo marco legal que ahora podrá ser elaborado por la ciudadanía chilena a través de las personas que se elegirán por votación democrática como constituyentes.
Chile se dará una extraordinaria oportunidad del ejercicio común de participación democrática en la que será la nueva Ley Fundamental, la Constitución Chilena, estableciendo los derechos sociales a la salud, vivienda y educación, sin olvidar cultura y recreación, junto a los deberes democráticos de participación en la elección de autoridades, en un deseo común humanitario de constituir un país con Justicia Social, que asegure el pan en la mesa del humilde, el techo protector del sueño del niño proletario y el abrigo para todos los habitantes de nuestro querido y esperanzado país.
