Por: José Alberto López Álvarez, profesor de Castellano y Filosofía-Magíster
“Con propiedad podemos decir que el empleo público en Chile es precario, de mala calidad, que el Estado es un pésimo empleador y, por sobre todo, que al interior de la relación laboral pública el conflicto es evidente”. Estas lapidarias palabras corresponden a uno de los párrafos del informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dado a conocer recientemente e inmerso en la investigación “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”. Más aún, perfeccionando la semántica anterior y entre varias otras ideas, este informe declara que: “Tal como ocurre en la relación laboral privada, en el mundo público hay una desigual distribución de poder, cuestión que lleva a los trabajadores a demandar mayor protección laboral y, sobre todo, a construir una organización sindical capaz de contrarrestar el poder que ejerce el Estado en su calidad de empleador”. Complementando esta idea fuerza este informe señala que “pese a todas las restricciones normativas para el ejercicio integral de los derechos colectivos, los trabajadores públicos han logrado construir una organización capaz de superar todas las barreras normativas para hacer respetar sus derechos”.
Recomiendo la lectura y análisis de este informe porque es un tema que nos atañe directamente a los funcionarios públicos que día a día laboramos en las múltiples dependencias del aparataje estatal. Pero, como educador, recomiendo su lectura con objetividad y por sobretodo sin pasión política, porque siendo una realidad el desmedro laboral de los trabajadores en Chile desde hace varios años a la fecha, no es menos cierto que fracción no menor de empleados públicos se han dejado influenciar por sofistas autoproclamados como redentores que lo único que persiguen es poder político y personal.
Desde mi punto de vista, considero que el empleo público y de forma relevante en el último decenio, ha experimentado una progresiva precarización; en educación, por ejemplo, en aras de una supuesta reforma educacional se han aprobado leyes (como la 20.501) que han deteriorado la calidad laboral de actores que otrora eran claves en el devenir de las unidades educativas y que siguen siendo necesariamente estratégicos, especialmente en lo pedagógico y académico. También, y dada la política de economía monetaria de egresos, son muchos los funcionarios públicos atosigados por el cumplimiento anexo de labores que en un pretérito realizaban otros funcionarios y por el mismo sueldo. Incluso se habla en muchas instituciones del pluriempleo como eficacia ejecutiva. De ahí el cansancio, la depresión, a veces la neurosis y como absurdo corolario, las licencias médicas.
Como empleado público y educador, considero que hay dos condiciones imprescindibles (entre varias) para reivindicar la función pública que no tiene otro derrotero que la prosecución del bien común. Estas dos condiciones permitirían una relación laboral pública armónica y pacífica y, por ello, de una convergencia entre el Estado y sus servidores tras la satisfacción de necesidades colectivas:
1-Una redefinición del modelo de empleo público. Para esto se necesita de una participación directa de las organizaciones realmente involucradas en el asunto a fin de avanzar hacia un paradigma de respeto de derechos donde los trabajadores puedan incidir en aspectos cruciales de su labor, como por ejemplo, las condiciones de trabajo. En educación, por ejemplo, ya estoy harto de que sociólogos, sicólogos, antropólogos, investigadores de alta cognición académica, decidan por situaciones inherentes al aula que sólo conoce y padece el docente de enseñanza básica y media.
2- Garantizar el acceso al empleo público a través de un sistema rigurosamente objetivo, basado en instrumentos evaluativos circunscritos a competencias en saberes y habilidades blandas y que para nada influyan factores y favores políticos de ninguna tendencia. Cuando esto suceda en algún momento en el futuro, no me cabe la menor duda de que Chile comenzará realmente su camino hacia el desarrollo porque la calidad e integridad de la función pública estará asegurada y con ella un real servicio al país, que tanto lo necesita. Ojalá que pronto la luz desplace a la oscuridad, como siempre sucede.
