En relación a declaraciones hechas por el presidente de Renovación Nacional, respecto a hechos que actualmente investiga la Contraloría, el intendente regional Gabriel Aldoney Vargas señaló ayer lo siguiente:
«Reconozco la calificación de “presuntas irregularidades” como el mismo las califica. Yo pienso exactamente lo mismo, que son presuntas, y por eso he abogado y tengo la obligación de esperar el fallo de la contraloría regional, antes de tomar alguna decisión al respecto. Esta actitud corresponde al convencimiento que tengo a que en democracia se debe respetar la institucionalidad y no corresponde prejuzgar la culpabilidad de nadie, mientras no haya un fallo que se funde en el respeto al debido proceso. Solo en dictadura es posible hacer lo contrario.
Este Intendente una vez que tuvo conocimiento de manera seria y documentada de la existencia de eventuales irregularidades, ordenó el inicio de un proceso de investigación sumaria, mediante resolución 659, cuyo expediente fue solicitado hace algunos días por Contraloría Regional para mejor resolver. Esta investigación fue llevada a cabo por un abogado del propio Ministerio del Interior especialista en materias administrativas, a solicitud de este intendente.
Por lo tanto estamos a la espera de sus conclusiones con el objeto de proceder a aplicar las sanciones si así lo resolviera el órgano contralor.
La acusación que el presidente de RN hace a este Intendente “que no ha permitido llevar a cabo la investigación” es sumamente grave, y afecta no solo la credibilidad, sino la profunda convicción que tengo respecto de la obligación irrenunciable de actuar con transparencia y probidad como ha sido siempre mi actuar en todos los ámbitos en que me he desenvuelto».
