Estos últimos días hemos visto con extrema preocupación más que un proceso de instalación de un nuevo gobierno, un desmantelamiento indiscriminado de los distintos servicios públicos de la región. Se han estado ejecutando una serie de desvinculaciones a una cantidad aún indeterminada y en franco aumento, de diversos funcionarios y funcionarias públicos. Hemos notado la ausencia de criterios objetivos y técnicos para realizar estos cambios, donde a los funcionarios y funcionarias no se les dan mayores razones o argumentos que respalden estas decisiones.
Lo más grave es que estas desvinculaciones o solicitudes de renuncia a diversos cargos de jefatura, están siendo aplicados a profesionales de carrera con vasto conocimiento de su labor y alto compromiso con el servicio público, en direcciones y unidades operativas que se encuentran muy alejadas de algún grado de criterio político o partidista. Afectando directamente a la clase media que tanto dicen proteger, coartando la carrera funcionaria y vulnerando el espíritu de la alta dirección pública.
Esta situación está generando un mal precedente en la administración pública, donde todos los esfuerzos por ir profesionalizando esta labor queda sujeta a caprichos y decisiones arbitrarias del gobierno de turno. Por otra parte, junto con la generación de un ambiente laboral incierto, tenso y distante con las nuevas autoridades, se propicia un inmovilismo peligroso en los distintos servicios ya que los cambios que se están realizando no tienen claridad de reemplazantes o subrogantes que vayan realizando la labor diaria de cada unidad afectada.
Rechazamos absolutamente estas acciones que distan de un sentido republicano, llamado a la unidad y una visión de Estado necesaria para el avance de nuestra región. Hemos observado una denostación de la labor pública y una soberbia impresionante al prácticamente echar por tierra la valiosa labor que distintos funcionarios y funcionarias realizan, dando a entender que todo lo hecho anteriormente ha sido mal ejecutado.
Hacemos un llamado a las nuevas autoridades, a re estudiar estas decisiones, aplicar procesos de evaluación objetivos y criterios técnicos, ya que en menos de un mes difícilmente han podido formarse su propia opinión, defender los intereses de la región y no responder ciegamente a instrucciones de sus niveles centrales. El Trabajo Decente y de Calidad es un Derecho, también la estabilidad laboral y el reconocimiento al proceso de calificación y valoración de nuestros funcionarios públicos, como también el respeto por su trayectoria, tal cual lo señala el Instructivo de Buenas Prácticas Laborales del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en diálogo con los dirigentes de este sector.
Firman: Filomena Navia ex seremi de la Mujer, Karen Medina ex seremi del Trabajo, Tania Bertoglio ex seremi Medio Ambiente, Aland Tapia ex seremi Economía, Alonso Retamales ex seremi Minería, Miguel Saavedra ex seremi Mop, Leandro Torres ex seremi Deportes, Ricardo Astorga ex seremi Agricultura, Esteban Montiglio ex seremi Energía, Daniel Zamorano ex gobernador Los Andes, Eduardo León ex gobernador San Felipe, Hernán Quezada ex gobernador Petorca y Cesar Barra ex gobernador Quillota.
