Por: Ps. Víctor Cortés Zapata.
El sistema actual de construcción de viviendas está en manos de privados, a través del sector inmobiliario, empresas constructoras que ganan licitaciones altamente costosas, encareciendo a niveles superlativos el precio de la vivienda, determinando independientemente donde levantar edificios de departamentos u otros tipos de casa, fijando las condiciones de pago con cada postulante con el certificado de subsidio estatal de propiedad en la mano, en otras palabras, las Inmobiliarias establecen las políticas de desarrollo urbano, financian la parte adicional al subsidio, gestionan, relegando al Estado a desempeñar el mero rol de otorgador del subsidio habitacional, cuyos favorecidos deben entenderse individualmente con la Inmobiliaria que escoja, lo cual representa un determinante grado de desigualdad e indefensión en la resolución de cualquiera dificultad en el trámite administrativo incluido lo financiero, ó en la solidez de construcción de la vivienda ya habitada que reciban. (“Dividir para reinar”…¿hace sentido?…).
La situación relatada es el resultado de una consciente y calculada política de desarrollo urbano adoptada por el Ejecutivo y el Legislativo conformado por cuatro miembros, promovida por los cerebros grises de la Escuela de Chicago en 1984, permaneciendo en esas condiciones legales hasta el 2004, cuando a raíz de escándalos como el de las casas Copeva, recién entregadas, sufrieron serios deterioros con ocasión de los temporales de 1997, mostrando la fragilidad de su construcción, lo que sumado a otros casos similares experimentados por sufridos y estafados habitantes en distintas zonas del país, se adoptaron las llamadas políticas de mitigación por parte del Estado, haciéndose cargo de abusivos errores e irresponsabilidades de las Empresas Constructoras privadas, daños irreparables que han significado inhumanas consecuencias para los esperanzados pobladores que las habitaban, tanto en términos económicos con la pérdida parcial o total de sus ahorros logrados en su vida laboral, como del empeoramiento en su calidad de vida, de masivos sectores de la población del país.
Hasta 1973, el Estado tenía en sus manos la Planificación Urbana, papel que se cumplía a través de una seria y sólida institucionalidad expresada mediante, entre otros organismos especializados, la Corporación de la Vivienda (CORVI), la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), el Departamento de Viviendas del Ministerio de Economía, los Servicios Públicos de Agua Potable, de Pavimentación y Alcantarillado, la Compañía Chilena de Electricidad (CHILECTRA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las Oficinas de Arquitectura y Urbanismo de las diferentes Municipalidades del territorio nacional, a través de los cuales se autorizaba y supervisaba todos los lugares de emplazamiento habitacional como de los planos arquitectónicos y de diseño de las viviendas aportadas por las diversas organizaciones y grupos de pobladores interesados en el logro de la “casa propia”, como fue el caso de las cooperativas de vivienda como parte del gran movimiento cooperativo de gran eficacia y significación social, fenómeno social promovido –es necesario mencionar- por la Iglesia Católica y concretado inicialmente en la donación de terrenos de la comunidad religiosa, por el padre Larraín de Talca, y luego replicado a través de las diócesis en la mayor parte del país. A nivel local, dos muestras: Villa o Población Los Castaños, Cooperativa de Profesores andinos; y Villa El Bermejo, Cooperativa de Vivienda conformada por funcionarios fiscales de todos los servicios públicos, la cual fue promovida por la Asociación Nacional de los Empleados Públicos, filial Los Andes (ANEF local). Como muchas otras en tierra andina, las mencionadas cooperativas escogieron y compraron los terrenos previa visación estatal, donde se construyeron las viviendas, fabricaron los ladrillos (¡gracias, Maestro Villegas!), los socios los repartieron equitativamente en trabajos de día sábado, y que fue la base de la construcción sólida de las casas, las que se ejecutaron a través de la CORVI en el primer caso, y por administración delegada con la Constructora Pérez Zujovic, con mediación crediticia de la Asoc. De Ahorro y Crédito Diego Portales, en el segundo caso. Todo el proceso previo de formación de las Cooperativas y posterior desarrollo de las mismas, fue sometido a exámen técnico por todas las instituciones del Estado encargadas de asegurar la factibilidad y calidad integral de los grupos habitacionales, como asimismo durante el proceso de la construcción material de las viviendas.
El Estado debe recuperar la potestad de la construcción social en Chile, que en su momento permitió construir hospitales de alta calidad en todo el país, como lo fue el J.J.Aguirre en Santiago, a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, como asimismo construir Escuelas Públicas en todo el territorio nacional, a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Esta idea incluye el aporte de la empresa privada, como ocurrió con el Edificio de la UNCTAD (hoy Gabriela Mistral), donde intervinieron las Constructoras privadas Desco y Belfi. Pero el proyecto, la conducción, fue del Estado y ellos cumplieron un rol eficiente en cuanto a construir. Es lo que afirma el prestigioso arquitecto, artífice de esta magna obra, profesor Miguel Lawner.
El auge de las Inmobiliarias lo han logrado trabajando con fondos del Estado a través del subsidio habitacional, sacando grandes utilidades, acabando de esta manera con la fuerza del grupo, el que, en su momento, años ’50, ’60 y hasta el ’73, el movimiento de pobladores fue de una relevancia y dinamismo determinante en la expansión habitacional a través del territorio. Con este instrumento individual –el subsidio- la gente pierde el interés de luchar colectivamente, cada uno resuelve con la constructora o la inmobiliaria inequitativamente.
La participación ciudadana, en materia de construcción, no cuenta con la institucionalidad que antes existió. El Estado y la Universidad debieran apoyarse en estas materias. Esta última, especializando profesionales formados en la abnegación, con la camiseta puesta en la institución, en el bien social, para así evitar se prolongue la construcción en la periferia, cada vez más lejos, por el valor del suelo. Es la prédica del arquitecto Lawner.
Lo tributario, la salud, la educación, las pensiones, todas estas demandas sociales que requieren de las reformas propuestas e instaladas por las movilizaciones en las calles, de igual forma debiera suceder con la reacción de los pobladores, para el legítimo logro de buenas, sólidas y de moderado costo de sus viviendas, con planificación urbana del Estado. Es de esperar un despertar del poblador modesto, de la pareja joven con ansias de casa propia, de construcción de ladrillo y emplazamiento habitacional que considere entorno adecuado, con parques, equipamiento para satisfacción de sus necesidades sociales y culturales.
