Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública
La Diputada Camila Flores participó en la Moneda de la ceremonia de anuncio del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que considera 150 propuestas concretas en esta materia, que fueron elaboradas por una mesa de trabajo que convocó a actores de diversos sectores del mundo político, académico jurídico y comunal, y que fueron entregadas al Presidente Sebastián Piñera.
Las propuestas, tienen como prioridad el combate a la delincuencia y la búsqueda de la vida en paz para todos los ciudadanos, y contemplan reformas en cinco áreas: modernización y fortalecimiento de las policías; fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado; fiscalización y control de armas de fuego; rol de los Municipios en la seguridad pública; y coordinación entre actores del sistema de persecución penal.
La Diputada Camila Flores manifestó su conformidad con esta iniciativa, señalando que “el resultado de la mesa de trabajo en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública representa un paso importantísimo que considera la reforma más profunda de nuestras policías y va a permitir una alta especialización y diferenciación en las funciones de Carabineros, asignándole un rol preventivo, y de la PDI, que tendrá el rol investigativo”.
La parlamentaria señaló que “todo esto es el reflejo del compromiso que el gobierno del Presidente Piñera ha asumido para controlar la delincuencia y hacer que los ciudadanos vivan con tranquilidad, que es un tema tremendamente sensible para nuestra región, porque cada día nos enfrentamos a más delincuencia, con sujetos que van un paso adelante a la hora de innovar en la comisión de delitos y frente a esto, las autoridades debemos ser activas y no reactivas”.
REIVINDICAR EL VALOR DEL CASTIGO
La diputada Flores, que ha sido una fuerte impulsora de la pena de muerte en determinados delitos graves como violación con homicidio, agregó que “es necesario reivindicar el valor del castigo y aplicar mano dura contra la delincuencia, sin complejos de ninguna especie”. Justificó su planteamiento atendiendo a que en el último tiempo, nuestra región se ha visto afectada por “crímenes brutales y temerarios, que dan cuenta que los delincuentes han perdido el miedo a la justicia, precisamente porque las penas aparejadas no guardan relación con la magnitud y cuantía del delito. Desde esa perspectiva también resulta necesario avanzar hacia la modificación de nuestro Código Penal, para establecer penas duras, que por un lado desincentiven la comisión de crímenes, y por otro, haga que los delincuentes estén donde les corresponde, en la cárcel”.
