Un oficio de fiscalización fue presentado ante la Contraloría General de la República por el diputado Rodrigo González (PPD) acompañado del exdigerente sindical minero Juan Olguín para investigar supuestas irregularidades administrativas -y un presunto daño fiscal- en la División Andina de Codelco, que comprometería montos cercanos a los $1.300 millones.
En el documento se detalla que habría existido desviación de fondos monetarios destinados inicialmente a diversas iniciativas de desarrollo comunitario que consistía en incentivar una serie de acciones en favor de las comunidades existentes en la zona donde la cuprífera desarrolla la actividad minera.
Fuentes de prensa indicaron que se pusieron en contacto con la empresa para consultarle sobre las supuestas irregularidades; y desde la estatal informaron que han iniciado una investigación interna y que no se van a referir a los hechos denunciados hasta conocer el resultado de esta.
Organización social de Aconcagua se pronuncia sobre denuncias
Frente a las presuntas irregularidades en Codelco División Andina denunciadas ante la Contraloría General de la República, el vocero del movimiento Todos y Todas por Aconcagua y ex gobernador de la provincia de Los Andes, Daniel Zamorano Vargas declaró que: “es relevante que se investigue a fondo todo el contenido de estas denuncias para establecer las posibles irregularidades o delitos en pro de determinar las responsabilidades institucionales e individuales que permitan generar las posteriores sanciones”.
La ex autoridad agregó que: “si bien sería irresponsable culpar a personas o instituciones antes de que termine la investigación, si se puede opinar sobre lo político que está detrás de estas denuncias, que es la articulación que realizaba con recursos de una empresa estatal, como es Codelco, un grupo político transversal, que va desde la concertación a la derecha, que utilizó los programas de relación con la comunidad para generar un grupo de poder e influencia que ha dominado la política del valle durante años. Este grupo, denominado frecuentemente como el “pacto de Licanray” generó un verdadero acuerdo de gobernabilidad y no agresión que distribuyó el poder, las asignaciones de recursos y los cargos entre los mismos personajes durante años en la provincia lo que se puede comprobar por la rotación de estas mismas personas entre responsabilidades públicas del gobierno, las municipalidades de la provincia y Codelco.”
Para finalizar Zamorano comentó que: “esperamos que una vez terminada la investigación se sancione firmemente a los culpables.
