Por: Emilio Oñate Vera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile
Como es tradición la semana pasada el Presidente de la Corte Suprema dio el vamos al año judicial con su tradicional discurso, en la ocasión el Ministro Dolmescht, abordó diversos temas de interés para el país y para la judicatura, poniendo especialmente el acento en una materia que pese a su importancia, ha pasado un tanto inadvertida producto de la contingencia legislativa y política que con fuerza a tomado la agenda de inicios de marzo. Tal vez precisamente esa contingencia es la principal dificultad con la que topa la situación carcelaria en nuestro país.
En efecto, han pasado más de 5 años desde el fatídico incendio que en diciembre del año 2010 afecto a la cárcel de San Miguel, donde perdieron la vida 81 internos, tragedia que desnudo la situación penitenciaria del país, donde como sabemos abundan la insalubridad, los delitos y el hacinamiento, afectando directamente la integridad de los reclusos, mostrando la deuda que como sociedad tenemos en materia penitenciaria, temática que además constituye un eslabón clave en el combate a la delincuencia.
El Presidente del máximo tribunal, reconocido defensor de los Derechos Humanos, se refirió precisamente a los niveles inhumanos de los centros de reclusión y a la falta de suministros básicos que afecta a los presos, lo que dice directa relación con el informe elaborado por la Defensoría Penal Pública que en febrero de este año dio cuenta que del total de solicitudes que formulan los internos, casi el 20% de ellas son de traslado de penal o modulo carcelario, superando ampliamente los permisos de salidas, reducción de condenas o libertades condicionales, y la razón de ello obedece precisamente a las condiciones infrahumanas en las que viven encarcelados.
Según estudios de Naciones Unidas, Chile es el país con la más alta tasa de reclusión en América Latina, con más de 300 internos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio en Latinoamérica es de 100 a 150 internos por igual indicador. Siendo aún mayor la diferencia con Europa donde se registran promedios de entre 60 y 100 internos cada cien mil habitantes. La pregunta es si estos indicadores se condicen con una infraestructura carcelaria apropiada que permita el desarrollo de los reclusos y su posterior reinserción.
Sin dudarlo en un año electoral escucharemos muchas propuestas para combatir la delincuencia y poner freno a la ‘puerta giratoria’, las cuales estarán dirigidas hacia una mayor dotación de las policías, aumento en las penas privativas de libertad y la efectiva ejecución de las condenas, seguramente poco o nada escucharemos de mejoras en la infraestructura carcelaria o en potenciar las medidas alternativas para los condenados. Al final de cuentas legítimamente la ciudadanía demanda mayor seguridad en las calles y en sus casas, y lo que es más evidente los reclusos no votan. Sin embargo, una política anti delincuencia integral debe abordar de manera sistémica los hechos delictivos y poner especialmente el foco en la prevención y en las causas que motivan dichos hechos.
Mucha razón tiene el presidente de la Corte Suprema al señalar que cuando una sociedad pregona el empleo de la cárcel como mecanismo de solución de los delitos, sin dimensionar ni abordar sus condiciones, en definitiva no se hace cargo de las causas que motivan la delincuencia.
