Señor director,
«En el actual debate constitucional se insiste en la necesidad de derogar la constitución de 1980 por ser obra del gobierno militar. Parece olvidarse que la de 1833 sólo fue posible por el triunfo de las fuerzas conservadoras en la guerra civil de 1829 y la de 1925 por la intervención militar – el “ruido de sables” – de septiembre de 1924. Aquello precipitaría la salida de Arturo Alessandri del poder, al que los mismos militares, con Carlos Ibáñez a la cabeza, llamarían de vuelta tras el golpe de estado de enero de 1925. Alessandri se puso a la cabeza del proceso de redacción de un nuevo texto constitucional – en una comisión que él mismo nombró -, pero su poder se sostenía ahora en el apoyo militar (Ibáñez le había dejado claro que “todo ciudadano que piensa quiere ver hoy robustecido el principio de autoridad y consagrado el de honradez política y administrativa”). En efecto, cuando en el seno de la Comisión de reforma representantes de todos los partidos, desde el Conservador hasta el Comunista, se pronunciaban por mantener el régimen parlamentario vigente, sólo la intervención del representante militar, general Navarrete, amenazando con una nueva intervención del Ejército (“¿qué ocurriría si las esperanzas de la juventud (militar) fueran defraudadas en esta ocasión?”), hizo posible que se terminara por aprobar el proyecto presidencialista favorecido por Alessandri y los militares. Ya que no hubo Asamblea Constituyente, que había sido el deseo inicial tanto de Alessandri como de la oficialidad joven del Ejército, el proyecto del Presidente de la República fue plebiscitado el 30 de agosto de 1925, cuando se vivía un ambiente de gran tensión y no se daban las garantías mínimas en el ámbito de la libertad de expresión. Ese día votaron sólo 135.783 ciudadanos de los 302.304 inscritos, de los cuales 127.509 – menos de la mitad de los inscritos – aprobaron el nuevo texto constitucional. Pese a estos orígenes, la Constitución de 1925 determinaría el régimen de gobierno chileno hasta la crisis de 11 de septiembre de 1973. Nadie propuso nunca que era necesaria su derogación por tener en sus orígenes una intervención militar».
Enrique Brahm García
Académico
Universidad de los Andes.
