Por: Dra. Katherine López Arias, rectora Universidad de Aconcagua
Paso a paso, el Sistema de Educación Superior chileno ha transitado de ser mas elitista, con modalidades de formación tradicionales y financiado mayoritariamente por el Estado, a un sistema mas masivo, inclusivo y diversificado, que en gran medida se financia con recursos privados y que permite el acceso a personas de distintos niveles socioeconómicos de la población. Ello posibilita el aumento de estudiantes provenientes de sectores socioeconómicos medio-bajo, quienes en muchas ocasiones cumplen también el rol de trabajador/a y jefe/a de hogar.
De igual manera, las instituciones de educación superior se han incrementado en las últimas décadas. Actualmente hay 18 universidades estatales, 39 privadas, 43 institutos profesionales privados, 45 centros de formación técnica privados y 5 estatales, con diferentes modalidades de enseñanza, entre ellas, presencial, semipresencial y on line, y jornadas diferenciadas en diurno y vespertino. Ello ha aumentado las posibilidades de ingreso a la educación superior a jóvenes y adultos trabajadores que deben cumplir un doble rol (estudiante y trabajador) respondiendo así a las nuevas demandas de la sociedad en materia de equidad social.
Gracias a esta nueva realidad, los/as estudiantes trabajador/es, quienes en muchas ocasiones además son jefe/a de hogar y primera generación en sus familias que tienen interés de iniciar procesos formativos en instituciones de educación superior, hoy cuentan con nuevas posibilidades de acceso, que antes no disponían. Esto les abre un horizonte más promisorio para desarrollar sus actuales vidas y las de futuras generaciones.
En este contexto, aparece relevante reflexionar en torno a la importancia de contar con instituciones de educación superior que ofrecen más oportunidades de acceso, con aranceles ajustados a sus respectivas realidades laborales y económicas. Un trabajador que tiene la posibilidad de estudiar no solo se beneficia con nuevos conocimientos, sino también desarrolla competencias desde sus saberes previos, experiencia laboral y redes de colaboración profesional, fortaleciendo sus competencias genéricas trasversales (trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación efectiva, liderazgo, entre otras). A la vez, el mercado laboral también se favorece al contar con capital humano más calificado y preparado, en sintonía con los desafíos del siglo XXI.
En este escenario, las universidades, principalmente las que reconocen tener vocación regional, tienen un rol importante que asumir, sobre todo en la implementación de políticas que permitan el acceso a la persona que trabaja y en la creación de condiciones e incentivos para favorecer la retención de estudiantes en el sistema universitario. De esta manera, la sociedad incentiva y hace un merecido reconocimiento a quienes con su doble esfuerzo ingresan a la educación superior con la finalidad de optar a mejores oportunidades laborales, mejorar su calidad de vida y, en definitiva, avanzar aún más como país en la entrega de oportunidades reales de movilidad social.
