Aún no hay claridad del paradero de más de $1.300 millones
En la etapa final de su desarrollo en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes entró el extenso juicio que el Ministerio Público sigue en contra del analista de control de egresos I.R.C.M., y los socios de una empresa de servicios mineros J.E.G.P. y J.F.G.A. (padre e hijo), quienes fueron acusados por fraudes al Fisco y organismos del Estado, y delitos que contempla el Código Tributario que afectaron a Codeldo División Andina, el que se inició el martes 11 de agosto pasado y que se ha prolongado hasta el presente mes, con extensas jornadas diarias que ha incluido días sábado.
Los antecedentes, medios de prueba, documentos, declaraciones y peritajes han sido conocidos por los magistrados Alessandra Tubino Tassara, Alex Guzmán Manríquez y Pamela Peralta Farrugia. La parte acusadora la conforman los fiscales Ricardo Reinoso y Jorge Alfaro, y como querellantes los abogados Andrea Yáñez, Pablo Bustos, por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y Tomás Palacios, por el Consejo de Defensa del Estado. En tanto, por la defensa el abogados José Villagrán, Carlos Fairlie y Alejandro López.
Los hechos investigados se produjeron entre los años 2009 y 2011, período en el cual se realizaron alteraciones en el sistema computacional y pagos irregulares a la empresa contratista que a juicio de la fiscalía fue por obras no ejecutadas, calculándose el monto de los defraudado en más de $1.300 millones.
En la acusación, el Ministerio Público pidió como condenas para I.R.C.M. 15 años de presidio mayor en su grado medio por 37 delitos reiterados de fraude al fisco y multa del 30% del dinero defraudado, 10 años de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos, y 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo más 20 UTM como coautor de delitos tributarios. Por su parte, para los socios de la empresa contratista 15 años y un día de presido mayor en su grado máximo por 37 delitos de fraude al Fisco y multa por el 10% del perjuicio causado al Fisco; 6 años de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos, y 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa correspondiente al 100% del monto evadido por delitos contemplados en el Código Tributario.
JUICIO BASTANTE COMPLEJO
El fiscal Jorge Alfaro indicó que el juicio ha sido bastante complejo por la cantidad de operaciones que están involucradas, tratarse de un tema muy técnico por la forma en cómo se realizó y en términos de la acreditación de los hechos.
“Hemos sostenido lo que venimos diciendo desde la formalización, que estamos en presencia de un delito de fraude al Fisco y además se imputan delitos tributarios por la facilitación de facturas que son ideológicamente falsas y, además, la presentación de declaraciones de impuestos incompletas o inexistentes en términos de pago que deberían haber sido realizados por los imputados, que es la prueba que rendimos”.
“ÉL PENSÓ ERRÓNEAMENTE EN LOS TRABAJADORES”
Por su parte, el abogado José Villagrán, dijo que desde que asumió la defensa de I.R.C.M. y durante el juicio ha manifestado que se debe clarificar la participación de su representado, “ya que se planteó en algún momento que era un experto en el sistema computacional y la propia persona que diseñó el sistema ha dicho que no es así, y que lo que él hizo lo pudo haber hecho cualquier usuario medio, por lo tanto se van cayendo algunas afirmaciones que se hicieron al comienzo de la etapa de investigación”, agregando que tiene el convencimiento más absoluto que solo existe un delito y no dos como se expuso en la acusación -no corresponde el tributario-, “por lo que entendemos que se hace una imputación irresponsable”.
En cuanto a las penas solicitadas por la Fiscalía y particularmente por los querellantes, el profesional dijo que “son completa y absolutamente desproporcionadas, no se ajustan a la realidad”.
Consultado por la participación de su defendido, Villagrán señaló que se ha reconocido que efectuó una manipulación del sistema que permitió que los coacusados recibieran en sus cuentas corrientes gran cantidad de millones de pesos, “pero lo que hemos dicho con la misma fuerza es que mi representado no obtuvo ninguna ganancia patrimonial con aquello, que perdió alrededor de 115 millones de pesos de indemnización, que se quedó sin casa, que no tiene patrimonio y desde ese punto de vista, que si bien las normas del Código Penal dice de manera clara que no es necesario que él haya usufructuado de dinero alguno, el Derecho Penal y el sentido común dicen que nadie se roba mil millones para empobrecerse; por lo tanto en la investigación de tres años, que pretende ser exhaustiva, no se ha acreditado que mi representado, su familia y nadie tenga patrimonio y menos hayan obtenido una suma de dinero en sus cuentas corriente, lo que debiera tener un grado de incidencia en la pena”.
El jurista manifestó que la acción llevada a cabo por su representado, y como lo declaró en audiencia, la hizo “porque el argumento era que había que pagarle a los trabajadores de la empresa y él pensó erróneamente en los trabajadores por lo que decidió burlar el sistema para poder generar estos pagos para que la gente tuviera su sueldo”.
“CREEMOS QUE FUE UNA ACUSACIÓN FANTASMA”
En tanto, el abogado Carlos Fairlie, que defiende a los empresarios contratitas, sostuvo que con las pruebas aportadas se ha constatado que, en el tiempo de ocurridos los hechos investigados, “no existía un procedimiento uniforme de pagos al interior de Codelco y esas desprolijidades fueron las que llevaron a una acusación bastante poco fundadas en relación a que mis representados no ejecutaban las obras. Estamos bastante esperanzados en que el tribunal pueda observar la prueba presentada en atención a que las obras se estaban ejecutando”.
Añadió que al haber sido acusados de un millonario fraude al Fisco fue una imputación muy drástica que se les hizo, más aún cuando no se ha podido comprobar dónde están los dineros en cuestión “y eso es una falta de la investigación, lo que es una situación grave y desde esa perspectiva creemos que fue una acusación fantasma en cuanto al monto que supuestamente está defraudado”.
Señaló que durante el juicio se ha demostrado al tribunal que sus defendidos “eran trabajadores eficientes, hay informes periciales que acreditan que ellos cumplían con las obras y eran destacados trabajadores de la empresa Codelco”, insistiendo que los dineros recibidos “fueron por obras que se estaban ejecutando o se habían terminado de ejecutar”.
Por último, Fairlie acotó que son disímiles los montos de la defraudación presentados en informes y lo expuesto por la Fiscalía, el SII y el CDE, “entonces aquí ni siquiera hay claridad de cuánto es lo que supuestamente se pagó demás”.
