Previa transferencia de 500 mil pesos a su cuenta corriente.
Un funcionario de Gendarmería que cumple labores en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, está siendo investigado por haber modificado el certificado de conducta de un reo que está cumpliendo una condena de 5 años y un día por tráfico de drogas con la finalidad de obtener el beneficio de la libertad vigilada, recibiendo a cambio la suma de 500 mil pesos en su cuenta corriente.
ALCAIDE DESCUBRIÓ LA IRREGULARIDAD
El alcaide del penal descubrió que el informe de conducta del reo de iniciales L.P.F., de 29 años, había sido adulterado en forma interna por un funcionario de la institución con la finalidad de favorecerlo con el beneficio de la libertad vigilada, procediendo a denunciarlo al Ministerio Público.
INVESTIGACION DE FISCALÍA
A partir de la denuncia interpuesta por el Alcaide del penal, la Fiscalía inició una investigación mediante la cual se determinó que el recluso tomó contacto con el funcionario de la Unidad de Estadística del CCP al que ofreció 500 mil pesos para que manipulara su certificado de conducta y de esta forma poder optar al beneficio por haber cumplido la mitad de la condena.
DE REGULAR A “MUY BUENO”
El problema es que el reo tenía un informe de conducta con calificación de “Regular”, que le impedía acceder a beneficios, porque en su condición de “mozo” de Gendarmería fue sorprendido con un celular.
TRANSFERENCIA
Una vez que las partes llegaron a un acuerdo en el dinero, el recluso a través de un familiar realizó la transferencia de la suma a la cuenta corriente del Gendarme.
RECTIFICACION PARA BORRAR LA EVIDENCIA
Una vez que el funcionario emitió el informe de conducta impreso en papel con la calificación de “Muy Bueno” para enviarlo al Centro de Reinserción Social para que se concretara el beneficio, con su clave accedió nuevamente a la base de datos y regresó el informe de conducta a su estado original de “Regular” para borrar toda evidencia que lo inculpara.
Una vez que el documento fue recibido en el CRS, fue reenviado al Juzgado de Garantía que procedió a otorgar el beneficio de la libertad vigilada al recluso con fecha viernes 9 de marzo.
Al hombre se le instaló una tobillera electrónica, tras lo cual viajó a Santiago donde tiene residencia.
BUENA MEMORIA DEL ALCAIDE
El jefe del penal al revisar el informe del caso recordó que el reo había recibido una sanción al ser descubierto con un celular, y por esta falta la calificación de su conducta era de “Regular” que le impedía recibir beneficios.
El oficial ingresó a la base de datos del sistema y verificó que efectivamente el informe de conducta era de “Regular” y no de “Muy Bueno” como estaba escrito en el informe impreso que fue enviado al Centro de Reinserción social y el Juzgado de Garantía. Además se percató que el documento no tenía su firma, sino que había sido rubricado por un subalterno, procediendo a denunciar el delito al Ministerio Público.
ORDEN DE DETENCION
A la luz de los antecedentes y las pruebas el fiscal Ricardo Reinoso solicitó al Juzgado de Garantía una orden de detención verbal en contra del reo que fue cumplida por la PDI el martes de esta semana en Santiago.
FORMALIZACION
El recluso fue trasladado al tribunal donde el fiscal Reinoso lo formalizó por los delitos de soborno y falsificación de instrumento público, solicitando en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.
DELICADA ACUSACION
El defensor privado Nelson Saavedra se opuso a la medida, expresando que fue el funcionario que le solicitó un préstamo a su representado para realizar un negocio.
En un hecho muy delicado, el abogado expresó en la audiencia que su cliente siempre tuvo un informe de conducta “Muy Bueno”, pero debido a una relación sentimental que sostuvo con una funcionaria de Gendarmería comenzó a ser perseguido y perjudicado con mala calificación.
DETERMINACION DEL TRIBUNAL
Finalmente la jueza Valeria Crosa concluyó que los argumentos de la Fiscalía eran suficientes para acreditar la existencia de ambos delitos, por lo cual concedió la medida cautelar ordenando el ingreso del imputado a la cárcel de Quillota, fijando un plazo de investigación de 3 meses.
ALZAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
Ahora el Ministerio Público deberá realizar las gestiones para levantar el secreto bancario con la finalidad de acreditar fehacientemente la participación del funcionario de la cárcel local en ambos delitos, específicamente corroborar la transferencia de los 500 mil pesos a su cuenta corriente.
También se fijará en los próximos días una audiencia que revocará el beneficio otorgado el recluso, quien debido a la gravedad de los ilícitos tendrá que cumplir el saldo de su condena tras las rejas.
