Por: María Fernanda Juppet, Directora de la Carrera de Derecho U. San Sebastián.
Un tema que se ha discutido particularmente en los últimos años ha sido la existencia o no de este fenómeno. Se ha ido evolucionando lentamente desde una incredulidad globalizada hasta “honrosas” excepciones que aún intentan plantear que es una invención de prensa. Los polos se derriten, zonas normalmente desérticas presentan lluvias y en Santiago nevó como si estuviéramos en Europa hace algunas semanas destapando nuevamente este cuestionamiento.
Aun cuando la adhesión internacional de este acuerdo se cuestiona, al notarse la falta de participación activa de Estados Unidos y China, lo que afecta directamente la viabilidad de la implementación a nivel global del mismo, ya que, los resultados que puedan lograr el resto de los países miembros mediante sus esfuerzos conjuntos se ven aminorados por estos notables ausentes.
Tras la aceptación de Chile al acuerdo de Paris, que viene a modificar los acuerdos mundiales suscritos en Kioto, alejándose de la imposición de metas a cada país suscriptor dentro del acuerdo, optando por la autorregulación de los países en este ámbito, es decir, cada país compromete sus propias metas de reducción de emisiones de toneladas de carbono equivalente.
Nuestro país ya ha comenzado con la implementación de políticas regulatorias que admiten un espacio interesante de crecimiento, que redundarían, necesariamente en la reducción de las emisiones de gases contaminantes y que permitirían cumplir con el compromiso nacional de reducción de emisiones.
La ley de net billing, que admite la producción de energía eléctrica mediante energías renovables a los consumidores de energía, mientras no produzcan más de 100 KW. Permitiendo que estos consumidores vendan a precios preferenciales al sistema interconectado central los excedentes de energía que no utilicen directamente.
Por otra parte, algunas organizaciones del Estado como Conaf, han desarrollado algunas iniciativas para poder incorporar la emisión de bonos de carbono como herramientas de gestión ambiental a considerar en el manejo de bosques, de tal manera, que permitan la consecución de fondos adicionales para las organizaciones que, implementando proyectos que cumplan con el criterio de adicionalidad necesario para calificar a la emisión de estos instrumentos, incentivando al mundo privado a la toma de decisiones sustentables.
Con todo, las políticas planteadas por el Estado aún son aisladas, requiriendo un mayor empuje colaborativo entre privados y particulares para coordinar actividades que faciliten el cumplimiento del país de los cumplimientos de reducción de emisiones comprometidas.
