Desde la entrada en vigencia de la ley 20.931 en la región.
Porcentaje de los establecimientos penitenciarios de la zona están por sobre el promedio nacional, el cual llega al 11,4.
En julio del año 2016 comenzó a regir la ley 20.931, más conocida como agenda corta antidelincuencia. Los impactos que ella tuvo al interior de las unidades penales de la región de Valparaíso fueron expuestos por el director regional de Gendarmería, coronel Eduardo Muñoz Bravo, ante la Comisión Técnica Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.
Durante su presentación -realizada en el salón plenario de la Corte de Apelaciones- el coronel detalló que la cantidad de imputados vigentes al mes de junio de 2016 era de 1246, mientras que a la misma fecha del año 2017 ascendió a 1317, lo que significa un aumento del 5,29 por ciento.
“Pudimos identificar tres ámbitos donde impacta la implementación de esta ley 20.931. En primer término (está) la composición de la población privada de libertad de la región de Valparaíso. Vemos una modificación de esta composición en el sentido que hoy tenemos más población de imputados en puntos porcentuales, y eso genera dinámicas distintas en cada uno de los establecimientos”, sostuvo el coronel Muñoz.
Este incremento ha llevado a que se “deban revisar los criterios de clasificación y segmentación. Modificar los planes de segmentación de cada uno de los establecimientos penitenciarios”.
“En lo que dice específicamente relación con los imputados por los tres delitos que en rigor señala la ley, que son los robos, hurtos y receptación, podemos observar un crecimiento de un 18,1 por ciento de esta población de imputados en consideración al primer semestre del año 2016. Durante el primer semestre del 2016 ingresaron 1198 imputados por este delito y en el primer semestre del 2017, con la ley ya implementada, esto sube a 1464. Ese es el 18,1 por ciento, que está por sobre el porcentaje nacional, que es del 11,4”, afirmó el director regional.
Los otros dos ámbitos analizados es la readecuación de condena producto de la eliminación del concepto de malhechores y las condenados por maltrato de obra a gendarmes en servicio. Sobre este último punto han sido condenados ocho personas desde la implementación de la ley y se han presentado 43 requerimientos al ministerio público por acciones que se podrían ser tipificadas como maltrato a gendarmes.
