Por: Vicky Parraguez, Académica Escuela Terapia Ocupacional U. Andrés Bello
Todos comprendemos la importancia de conseguir y mantener un trabajo digno en nuestras vidas, no sólo por la obtención de recursos económicos, también para favorecer una identidad social a través de un espacio real de participación. Esto en el entendido que un trabajo remunerado reduce la condición de pobreza y marginalidad que sigue siendo un asunto pendiente en nuestra sociedad.
Del total de la población con discapacidad en Chile, el 57,2% se encuentra inactivo laboralmente, cifra que ha disminuido desde el 2004 (1º ENDISC) donde el 70,8% de las Personas en situación de Discapacidad (PeSD) no realizaba trabajo remunerado. Esto supone un cambio importante, pero siguen existiendo brechas significativas que acortar.
Hace seis meses se aprobó la Ley 21.015 (2017), la cual incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Si bien esta nueva normativa pretende favorecer el acceso al trabajo, serán necesarios varios años antes de poder evaluar su efectividad, considerando que el cambio cultural de una empresa va más allá de una modificación de espacios o puesto de trabajo, sino que también deben ser visibilizadas las barreras actitudinales, donde las ideas y creencias de la valoración de la diversidad se instalen de manera natural y cotidiana.
Todo avance en pro del acceso igualitario y dignidad humana requiere un voto de confianza, hacia el logro de justicias sociales que promuevan el derecho a ocupaciones significativas, valorando las diferencias como parte esencial de las características humanas.
