Karen Medina E., Seremi del Trabajo y Previsión Social, V Región
El Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet da cuenta de su compromiso con los estándares que establece la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en materia de sólidos avances que den garantías de trabajo de calidad y para todos. Y asimismo, de dar pasos efectivos en favor de la inclusión laboral en el país, de asegurar el derecho al trabajo para todos y todas sin exclusión.
A partir de febrero de 2018, la Ley de Inclusión Laboral (21015) comenzará a implementarse en nuestro país. Promovida por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, tiene como objetivo garantizar a lo menos el uno por ciento de cupos de reserva de puestos de trabajo en todas las empresas privadas, sector público e incluso instituciones castrenses, que cuenten con más de cien trabajadores. A la vez, termina con cualquier práctica de exclusión, al promover el derecho de todos a ganar lo mismo, previniendo diferencias en los salarios que pudieran afectar a las personas con capacidades distintas, respetando la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial. En el mundo del trabajo significará que se prohíbe brechas salariales en detrimento de las personas con discapacidad y – con ello – la derogación dl Artículo 18600 (Código del Trabajo).
En el sector público, las personas contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado consagrando el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, práctica que se hará visible también en el sector privado y que deberá incorporarse desde ya. Del mismo modo se preparan los reglamentos de fiscalización de la ley, tanto en empresas privadas como en el sector público, de modo de revisar su permanente cumplimiento.
Tal como dijera la Presidenta Bachelet cuando esta ley fue promulgada, “queremos que este país sea cada vez más equitativo y justo, queremos que crezca en materia económica, pero también en calidad humana”. Según datos de la OIT las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas, un quince por ciento de la población mundial, y alrededor de un ochenta por ciento está en edad de trabajar. Chile hoy da un paso enormemente necesario y pendiente, al reconocer el derecho a las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones, haciendo justicia con las personas con capacidad distintas promoviendo el derecho al trabajo decente, rompiendo barreras y prejuicios, avanzando en favor de otra histórica política pública de un Gobierno que cree en “un Chile más justo, un Chile de todos y todas”.
