Por: Alejandra Ríos Urzúa, directora Diploma en Habilidades Laborales Universidad Andrés Bello Viña del Mar
Este mes entró en vigencia la ley 21.015 o “Ley de Cuotas”, reglamentación que incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad (PsD) al mundo laboral. Planteando como obligatoriedad que toda empresa con una dotación superior a 100 trabajadores, deberá reservar el 1% de sus vacantes a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Si bien, han surgido críticas al proyecto, quienes llevamos años trabajando con y por las personas con discapacidad, lo consideramos un primer avance. Cierto es que, quizás, imponer una cuota, no es la mejor manera de aproximarse a la experiencia de contar con recursos humanos diversos. Pero también es posible que las empresas nunca se sientan preparadas para hacerlo y las PsD no pueden seguir esperando por estos espacios. Lo que resulta curioso, es el vuelco en los roles que los diferentes actores de la ecuación empiezan a jugar a raíz de la promulgación de esta ley. Desde hace más de una década, un par de Instituciones de Educación Superior (IES) hemos apostado por la capacitación de jóvenes con discapacidad intelectual. Al comienzo, tuvimos que tocar muchas puertas, intentando “convencer” a las organizaciones sobre los beneficios que trae la incorporación de RRHH diverso. Sin embargo, estos jóvenes fueron demostrando, por si solos, el tremendo aporte que significan para un equipo cuando hay disposición a realizar ajustes y entregar los apoyos necesarios. Hoy, son las empresas quienes salen en busca de PsD para sumarlas a sus equipos de trabajo. ¿Será por cumplir la cuota? Puede ser, pero, en cualquier caso, tenemos la seguridad que una vez abierto un espacio laboral inclusivo, ya no es la ley la que determinará que las PsD se mantengan en ellos. Su aporte es tan transformador, que en poco tiempo se convierten en imprescindibles para los equipos en los que se incorporan.
