Frustración en madre de ciclista fallecido por cambio de medida cautelar a conductor imputado.
Indignación, frustración y dolor son sentimientos que envuelven por estos días a la familia del ciclista Guillermo Fernández Castañeda (23), quien falleció la noche del miércoles 24 de febrero en la avenida Pascual Baburizza, luego que se enterara por información de prensa que el Juzgado de Garantía de Los Andes había modificado la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total al imputado F.S.E. (32), quien conducía el automóvil marca BMW modelo 116i con el que atropelló al joven.
Ante esta resolución judicial, un staff de abogados asumió la representatividad de la familia afectada y el miércoles presentaron una querella.
La mañana de ayer en Plaza de Armas de Los Andes la madre del joven en conjunto con el abogado Nelson Venegas ofrecieron un punto de prensa donde se refirieron a este cambio de cautelar, acotando que no recibió ninguna notificación de la Fiscalía sobre esta resolución.
“HAY UNA FAMILIA QUE CON DINERO LO COMPRAN TODO”
Al respecto, la señora Jacqueline Castañeda indicó que al conocer sobre la determinación judicial “para mí ha sido como que me volvieran a atropellar a mi hijo, ya que fue como volver a todo lo que tuve que vivir esa noche viendo a mi hijo en el pavimento hasta las tres de la madrugada en que llegó el Servicio Médico Legal para retirar su cuerpo, luchando todo el jueves para que me pudieran entregar su cuerpo para poder velarlo porque había que esperar a un médico legista que llegara de Santiago a hacer su autopsia”.
Fue categórica en señalar que no solamente se llevaron la vida de su hijo, sino que también “me quitaron el derecho de darle el último acto de amor que se hace por una persona que ama, porque su cuerpo quedó tan lastimado que incluso no pude vestirlo e incluso cuando estaba velando a mi hijo no pude verlo porque el Servicio Médico Legal no iba a autorizar la salida si la urna no venía sellada, por lo que como familia nos quitaron todo eso”.
Fustigó el hecho que “hay una familia que con dinero lo compran todo, vida, libertad. Ellos pueden estar abrazando a su hijo, sirviendo el plato favorito, pero yo ya no puedo. Estamos todos en reclusión domiciliaria, estamos en cuarentena, eso no es un castigo”, agregando que “ni siquiera puedo ir a ver a mi hijo al cementerio porque está cerrado, me tengo que conformar con ir a dejar un par de velas a la animita que como familia hicimos en el lugar donde sucedió el accidente”.
Lamentó que hasta la fecha como madre no ha recibido “ni una palabra de consuelo por parte de esa familia, ni siquiera un pésame o lo siento. Si en algún momento dije que no quería odio y lo sigo manteniendo, solamente pido justicia por todo este dolor porque nos están atropellando una y otra vez, y el duelo no se puede vivir nunca”.
Es por eso que pidió que se revoque la cautelar de arresto domiciliario total y el imputado vuelva a prisión preventiva. “Hay una ley vigente y que costó mucho tiempo poder hacer, pero como familia somos completamente ignorantes en este tema”.
“NO HEMOS RECIBIDO NI UN PESO”
Consultado por el depósito judicial de $5.000.000 realizado por el imputado como una forma de reparar celosamente el mal causado, la madre del ciclista afirmó que “no hemos recibido ni un peso, que eso quede claro”. Añadió que el 5 o 6 de mayo recibió un llamado en que se le indicó que la defensa proponía un juicio abreviado “con cinco millones de pesos como indemnización, lo cual rechacé. Esa fue la información que tuve”.
“HAY ALGUIEN QUE ESTÁ SUFRIENDO UNA INJUSTICIA TREMENDA”
En tanto, el abogado Nelson Venegas, uno de los profesionales que le está asesorando jurídicamente, dijo que han conversado con la señora Jacqueline Castañeda y comentado que la situación es bastante compleja, “ya que le he manifestado que lamentablemente estamos luchando contra poderes demasiado fuertes”.
Aseveró el profesional que “aquí hay alguien que está sufriendo una injusticia tremenda, porque aquí ha quedado de manifiesto y en su pleno reflejo lo que se vive en nuestro país, especialmente para una madre que perdió a su hijo”.
Señaló que ha podido ver los videos que registraron el accidente de tránsito, indicando que son fuertes y “donde queda en evidencia que el conductor no iba a menos de ciento veinte kilómetros por hora, saca chispas del suelo al momento del atropello y se dio a la fuga, o sea, no tuvo ni siquiera el acto de misericordia de bajarse y ver lo que había pasado”, acotando que ya tenía más de cinco antecedentes por hechos similares, “que creo deben servir como para que el juez lo tengan en consideración en el momento de la dictación de la condena”.
“LEY EMILIA HA IDO QUEDANDO REZAGADA”
Expresó su preocupación porque la conocida Ley Emilia (20.770) ha ido quedando poco a poco rezagada en el Tribunal Constitucional y en los Juzgados de Garantía de muchos lugares “donde se está desconociendo el hecho que se tenga que cumplir con privación de libertad por un año por parte de la persona en términos reales”.
Señaló que como staff de abogados solicitarán diversas diligencias, entre éstas el informe del Servicio Médico Legal, los análisis periciales para verificar la velocidad del automóvil, el informe de alcoholemia del imputado y los llamados telefónicos que realizó mientras se dio a la fuga.
Enfatizó que se “dará la pelea” porque el imputado “es una persona que tiene antecedentes, que ya ha causado daños, por lo tanto no es posible que pueda estar sufriendo la misma pena que tenemos todos los chilenos, que es estar recluidos en nuestras propias casas”.
Respecto a la suma de dinero depositada, Venegas indicó que el haber realizado esta consignación en el tribunal “es como si cinco millones de pesos pudieran comprar la vida de una persona, señalando que se debe a las características económicas que tiene el imputado, quien en estos momentos cuenta con la asesoría legal de los abogados más prestigiosos de este país. También hay que recordar que el automóvil en el que atropelló y mató al hijo de la señora Jacqueline es de alta gama, carísimo”.
Finalmente, indicó que recurrirán a las instancias legales con la intención de que el imputado vuelva a quedar sujeto a la cautelar de prisión preventiva.
