Por: Mirla Arcos, académica Facultad de Educación, Universidad Central
La promulgación de la Ley de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad en nuestro país, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, ha sido recibida como respuesta a los múltiples esfuerzos tanto del propio colectivo, sus familias, entidades gubernamentales como de privados, los cuales apuntan a equiparar oportunidades que históricamente han sido desplazadas.
Esta herramienta legislativa contribuye a que un 1% de trabajadores que presente una situación de discapacidad, pueda incorporarse a organismos del Estado, así como empresas privadas que tengan en su planta más de 100 contrataciones, surge entonces la interrogante respecto a la preparación previa con la que el colectivo enfrentará esta proceso. Cabe mencionar que los resultados de la ENDISC 2016, señalan que un 20% de las personas sobre los 18 años, presenta una situación de discapacidad y de los cuales, sólo un 38% se encuentra siendo parte de la fuerza laboral.
¿Qué responsabilidad le cabe al sistema educativo en sus diferentes niveles, para atender los requerimientos específicos de los estudiantes que presentan una situación de discapacidad?, ¿estamos preparados como sistema educativo para entregar herramientas que sean necesarias para lograr una inclusión laboral? Hoy en día, hablar de discapacidad no solo implica centrarse en un único sistema, se debe recurrir a pensar en el aporte intersectorial, otorgando servicios articulados para que personas en esta situación se incluyan en entornos laborales regulares.
Para quienes han experimentado la segregación, existe una barrera que resulta compleja de eliminar; las actitudes de rechazo hacia las personas en situación de discapacidad permanecen instaladas en nuestra sociedad, impidiendo el justo derecho a la educación y una serie de servicios de la comunidad, la que lamentablemente tampoco cambia una vez que las personas inician la búsqueda de empleo.
La Ley nos lleva a replantearnos como sociedad la forma en que favorecemos o no la participación en todos los espacios, siendo en este punto la educación, una responsabilidad dada por el despliegue de servicios educativos de calidad, los que permitan tanto el ingreso como la permanencia desde sus primeros años de escolarización, accediendo al máximo potencial con el que cuentan; favorecer la posibilidad de ingreso y participación al nivel universitario, solo se logra si desde las bases se veló por satisfacer sus requerimientos.
La eliminación de estas barreras están hoy en día fuertemente en manos del sistema educativo, desde el cual se hace el llamado para tomar la promulgación de Ley como la gran oportunidad de reflexión que surge a raíz de este momento que nos presenta un recurso importante para tomar decisiones y acciones concretas que permitan ir más allá de velar por el cumplimiento de una Ley, podemos desplegar la esencia de la valoración de la diversidad con un actuar bajo los principios de la justicia social.
