Por: Arturo Venegas G., Abogado
El artículo tres de la actual Constitución del estado establece que; “La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”.
Eso quiere decir que la administración del Estado no puede centralizarse y concentrarse sólo en la capital del país, sin embargo, en Chile sufrimos precisamente en las provincias esta concentración administrativa del Estado en la capital en perjuicio de las regiones y de las provincias.
Agrega, además, el artículo tercero de la Constitución; “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”. No obstante, antes por el contrario el Estado no ha promovido el fortalecimiento de la regionalización de las provincias, ni menos el desarrollo equitativo y solidario de las provincias muchas de las cuales las concentra en regiones perjudicándolas e impidiendo su desarrollo “equitativo“ como es el caso de Aconcagua que quedó como “patio trasero“ de la quinta Región Valparaíso Claro ,porque las provincias del valle de Aconcagua como SAN FELIPE, LOS ANDES y PETORCA producen el 80% de la riqueza de la 5 Región, con el cobre y la fruta y recibe a cambio sólo un 20% de las inversiones del Estado en obras públicas lo que impide el desarrollo “equitativo y solidario” de estas provincias.
Por eso hemos intentado por muchos años crear la Región de Aconcagua, pero no se ha logrado pese a las promesas de todos los gobiernos.
Esto ocurre y se debe, entre otros motivos, por qué la iniciativa legal para crear una región sólo la tiene el Presidente de la República de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Constitución política actual y ninguno lo ha hecho.
En consecuencia con lo expresado, esperamos que la nueva constitución ratifique la descentralización territorial del país y faculte al congreso Nacional futuro para dictar una ley que cree la región de Aconcagua y permita “su desarrollo equitativo y solidario”, lo que hasta hoy no ocurre.
