Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez
y creador del blog Patrimonio y Arte
La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en el sistema democrático en las últimas décadas explica, en gran medida, la actual y significativa crisis que estalló este fin de semana en nuestro país. Entre 1990 y 2019 la adhesión a instituciones y personas, que supuestamente deben velar por la dignidad de las personas, disminuyó de 70 a 30 puntos, lo que sumado a diagnósticos sociales y culturales erróneos fue co-creando esta realidad invisible de descontento e insatisfacción ante la imposibilidad de acceso a una vida con igualdad de oportunidades.
El modelo neoliberal nos atrapó a todos, haciéndose parte de nuestro ADN el individualismo, el proyecto personal por sobre el colectivo. Así, hemos sido cómplices de una violencia estructural que con los años ha producido un daño profundo en el tejido social de nuestro país, con una estratificación socioeconómica que hemos validado desde nuestros propios egos.
Y en este camino de desequilibrio e inequidad cada sector creyó tener la solución con su proyecto, diferente y excluyente del otro, haciendo imposible lograr un acuerdo político que evitara la violencia estructural, encubridora de la violencia directa y simbólica. Así nos fuimos olvidando del principal patrimonio de un país: la dignidad de sus personas, transándola para mantener un modelo de desarrollo que nos prometía comodidad y acceso al consumo.
Asimismo, en este proceso muchas universidades nacionales están al debe. Varias de ellas, bien situadas en los rankings nacionales e internacionales, optaron por perpetuar este modelo, situando a la educación como un bien de consumo y entregando una formación que consolidaba éste en sus aulas.
Más allá de las acciones de vandalismo y saqueo, los últimos acontecimientos han llevado a que la ciudadanía cuestione profundamente nuestro actual modelo de crecimiento y exija un nuevo pacto social. Pacto social para el cual será fundamental generar nuevos indicadores de medición del desarrollo humano, que evalúen el progreso y bienestar de las personas de manera integral, de tal manera de recuperar el derecho de las personas a vivir con dignidad. Personas que, finalmente, son el alma y patrimonio de nuestro país.
