La Educación como un Derecho Social

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Por: Javier Mancilla Lorca, Seremi (s) de Gobierno Región de Valparaíso

La Cámara de Diputados aprobó en general, con 71 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones, el Proyecto que Crea el Sistema de Educación Pública, más conocido como desmunicipalización. La iniciativa está en primer trámite constitucional y será analizada en la Comisión de Educación, luego en la Comisión de Hacienda, donde deben revisarse las materias financieras.

Está tomando forma un sistema donde se pueda acceder a una buena educación, desde la sala cuna a la educación superior y técnica. Mejorar el acceso y mejorar la calidad son los dos principios que sustentan las iniciativas de la reforma educacional.

La reforma educacional es estructural, porque cambia el paradigma de la educación entendiéndola como un derecho social de nuestros estudiantes y familias, no como un mero bien de consumo que puede ser transable en el mercado. Comprender su alcance implica no limitarse a debatir sobre el financiamiento únicamente. Tenemos planteado el desafío como región y país de asumir que necesitamos garantizar la calidad, avanzar en la gratuidad, y regular a las instituciones de educación superior.

El proyecto de ley no contempla una modificación tributaria, porque hemos comprometido financiar la gratuidad hasta el sexto decil, con el respaldo financiero que podemos asegurar en este gobierno. No sabemos cómo se comportará la economía mundial, pero sí se han establecido en la iniciativa legal los mecanismos para avanzar hacia la gratuidad universal.

El proyecto de ley establece el imperativo de considerar las particularidades locales y regionales, y determina que el Estado administre los establecimientos educacionales para asegurar una educación pública gratuita y de calidad, también laica y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, y el respeto a la diversidad y la libertad.

Los principios que sustentan estos cambios son la calidad; su mejora continua; cobertura nacional y garantía de acceso; desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades; colaboración y trabajo en red; proyectos inclusivos, laicos y de formación ciudadana; pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad; formación ciudadana y valores republicanos; e integración con el entorno y la comunidad.

Así también crea los Servicios Locales de Educación Pública en todo el país, considerando criterios de densidad de población, cantidad de establecimientos educacionales por administrar y distancias. Los Servicios Locales de Educación Pública de nuestra región, junto con la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación, formarán parte de la nueva institucionalidad.

En el debate legislativo, se está analizando la forma de traspasar los Servicios Locales de los establecimientos educacionales que se encuentran hoy bajo la tutela de las municipalidades o de las corporaciones municipales, y la indicación del gobierno para extender hasta el 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permite incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso e incluir un compromiso expreso de parte del Ejecutivo de enviar, antes de enero de 2017, un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación.

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