Por: Paulina Ibarra, Directora Ejecutiva de Fundación Multitudes
En los últimos dos años, la Sociedad Civil ha trabajado para impulsar una mejor transparencia en beneficio de una sociedad más justa y con énfasis a un mayor conocimiento sobre los procesos de tomas de decisiones. Un claro ejemplo de ello es la Comisión Engel, que propuso lineamientos para poner fin a la corrupción, como el financiamiento de los Partidos Políticos, la fiscalización en el gasto de las campañas políticas, la probidad y fortalecimiento Municipal.
Es por esto la que importancia de la sociedad civil tiene realce principalmente en desarrollar un país más y mejor equitativo, disminuyendo la desigualdad en la participación de políticas públicas. Este punto es importante, ya que en el proceso de control social, se implementó a la Ley 20.880 (sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses), la declaración obligatoria de intereses y patrimonio para el Presidente de la República, ministros, parlamentarios, autoridades y personal de planta y contrata, hasta el tercer nivel jerárquico de la Administración del Estado.
Así mismo, deberán ser declarados los patrimonios de su parejas e hijos, con el fin de no ejecutar políticas públicas que también beneficien a sus familiares más cercanos. Es así como la ley tiene como objetivo resguardar el principio de probidad en el ejercicio de función pública y la prevención de conflicto de intereses.
Lo anterior asegura una mejor transparencia y probidad, con el fin de evitar que se repitan casos como lo ocurrido con la Ley de Pesca, SQM o Penta y que puedan ser fiscalizados por la prensa y ciudadanía.
