Por: Miqueas Salinas Robles
A pocos días de transcurrido el inicio de una nueva temporada de la competencia del fútbol profesional chileno, resulta imborrable para quienes nos gusta de una, u otra forma este deporte, la imagen de los hechos de violencia extrema, desatados con ocasión del último partido de la temporada pasada, entre Santiago Wanderers y Colo Colo, en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.
Hasta la fecha, vemos con asombro que no se ha adoptado medida alguna que tienda a frenar, evitar y castigar este tipo de violencia que se genera a raíz de los partidos de fútbol, ya sea por las autoridades del fútbol, como de las gubernamentales. Simplemente se ha llegado a escuchar absurdos, a modo de solución, que el fútbol se jugaría a puertas cerradas, sin los hinchas y espectadores, lo que sin duda, sería el punto de partida a la muerte de nuestro alicaído fútbol. Correlativamente, todo aquello relacionado a la resolución del partido suspendido entre Wanderers y Colo Colo, denota el grado de desprolijidad e improvisación con que se da tratativa a esta problemática.
¿Por qué no se ha podido frenar la violencia en nuestro fútbol?
Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos, nuestra actual normativa que regula estos hechos, la llamada “Ley de violencia en los estadios”, en conjunto con el plan gubernamental Estadio Seguro resultan infructuosos e ineficientes, ya que no logran identificar que el problema de la violencia es eminentemente de carácter “social”. De esta manera, nuestra ley abarca en enfoque marcado en la represión de las conductas delictuales realizadas en los estadios, despreocupando una serie de aspectos que resultan fundamentales al momento de generar un sistema anti-violencia exitoso.
De aquí en adelante resta que las autoridades competentes logren orientar un tratamiento global e integral en torno a este problema, aparentemente sin solución. Se debe visualizar dicho problema como de alta complejidad, de manera de hacer participes a los distintos actores en esta situación de conflicto, como son los poderes de gobierno, de orden público y seguridad, a los propios hinchas, a los organizadores de los espectáculos deportivos, las sociedades anónimas del fútbol y los propios deportistas.
Entre aquellos aspectos que requieren aplicación apremiante en el sistema chileno, resaltan la creación de una institucionalidad anti-violencia, el énfasis en las medidas de carácter preventivo, estructurales, educativas de la comunidad, la profesionalización de las personas a cargo de la seguridad en los estadios, el establecimiento de un régimen de derechos y responsabilidades aplicable a los organizadores de eventos y a los propios asistentes, y un sistema de aplicación efectiva de las sanciones impuestas a los infractores de la norma, de manera que aquellos que quebranten la ley no puedan volver a poner un pie dentro de los estadios de fútbol de Chile, y así devolver el espectáculo a los verdaderos hinchas del fútbol y a las familias.
