Por: Alejandro Lavquén, Coordinador general de Carrié Comunicaciones
Con fecha 11 de abril de 2016, la prensa anuncia que la presidenta Michelle Bachelet “ha promulgado la Ley de Partidos y la del Financiamiento d≠e la Política”. Esto, dentro de su denominada agenda de probidad. Ocho partidos políticos se repartirán, de acuerdo a su votación, 6 mil millones de pesos que les entregará el Estado. Es decir, 6 mil millones generados por el sudor de los trabajadores chilenos. Ahora, veamos lo relevante de esta situación o apropiación legalizada.
1) ¿Cómo se llama la ley? Se llama Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, y el político o partido que transgreda sus normas será sancionado. Ante esto surge una pregunta: ¿Si los políticos ya han violado todas las leyes existentes, utilizando los más variados subterfugios e ilegalidades, por qué razón no habrían de hacer lo mismo con esta nueva ley? Para fortalecer la democracia no bastan las leyes, agendas o comisiones de probidad. Se necesitan políticos y partidos que las cumplan, políticos honestos. Los casos de corrupción político-empresarial, por todos conocidos, indican que los políticos actuales no son honestos. Eso es lo de fondo. Recuerdan ustedes entrevistas, por ejemplo, a Fulvio Rossi, Jovino Novoa, Pablo Longueira, Carlos Ominami, y muchos más, donde repiten como papagayos que están en política “por vocación de servicio público”. Pues bien, dados los hechos de la causa, no es aventurado pensar que para ellos enriquecimiento fácil es sinónimo de “servicio público”.
2) ¿A quién se financia realmente con esta ley? Se financia a los dirigentes de los partidos políticos y a sus operadores más cercanos y leales. Son las cúpulas (parlamentarios y candidatos incluidos) quiénes recibirán la torta y la distribuirán, evidentemente entre sí. Los miles de militantes de base son sólo un nombre en un papel, no definen nada dentro un partido, son una lista para legitimar a las cúpulas en nombre de un partido. Además, durante las elecciones, estos mismos militantes, aunque sea una parte de ellos, estarán asegurados para trabajar “por la causa” gratuitamente, porque cobrar sería no tener conciencia partidaria. Así, las cúpulas dirigentes se ahorran unos pesos para caja chica.
3) ¿Para qué utilizarán los recursos asignados? Entre otras cosas, y para los políticos lo más importante, financiar sus campañas electorales, para así ser elegidos y continuar su ruta de enriquecimiento a costa del Estado. Es decir, los candidatos, financiados con el dinero de los trabajadores irán donde esos mismos trabajadores a embaucarlos para que voten por ellos, ofreciéndoles legislar para que prácticamente vivan en un paraíso. Una vez electos, olvidarán todas las promesas y seguirán legislando para los empresarios, como ha quedado en evidencia en los últimos meses.
En resumen, la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, salvo para los ingenuos –o para los que agarrarán una tajada de la monumental torta- no es más que el paraíso fiscal de las cúpulas de los partidos políticos.
