Por Nelson Venegas Salazar, Abogado, alcalde de Calle Larga
El año 1256, Alfonso Décimo el sabio, dio a conocer las famosas Siete Partidas, cuerpo jurídico destinado a unificar y codificar el antiguo derecho escrito de los griegos, de los romanos y de los cristianos. La finalidad era reunir en un gran código, los distintos criterios jurídicos, estableciendo una legislación única frente al surgimiento del Estado moderno, universalizando el derecho, superponiéndose a la fragmentación de Pueblos que habían surgido luego que en el siglo quinto cayera y se desintegrara el Imperio Romano. Este derecho es denominado de “dominación” e imponía su legislación a todos los “pueblos” que existían autónomamente en esa época, gobernados básicamente por ayuntamientos.
Sin embargo, existían usos y costumbres de cada uno de ellos, que resistían a esta imposición, y se trasformaron en un grave problema para los reyes, de tal manera que estos tuvieron que respetar dicho derecho consuetudinario o de costumbre, y en virtud de aquello, las citadas Siete Partidas, incorporaron también los denominados “fueros” dentro de esa gran codificación de leyes, para que se respetaran ciertos “usos” y Costumbres”. Los gobernantes, frente a esta resistencia de “las gentes”, se vieron obligados a actuar de esa manera, no teniendo otra alternativa que ceder parte de su poder.
De ahí surgió la famosa frase “que las leyes se obedecen pero que no se cumplen” “mandamos a que las obedezcan, pero que no las cumplan, y que por ello no incurran en pena alguna, y si en alguna manera incurrieren, desde ahora se las perdonamos” ley del rey Juan ll, de Zamora, 1422. Esas leyes, que respetaban los usos y costumbres de los pueblos se denominaron, leyes paradójicas.
¿Sería posible hoy llamar a desconocer una ley, por considerarla injusta y groseramente arbitraria, señalando que se obedece, pero que no se cumple?
La respuesta es No, dicha conducta sería desacato, y podría ser delito. Esto resulta obvio, porque si así no fuera, cada pueblo o localidad haría lo que estimara conveniente, y habría desgobierno. Sin embargo, al describir este relato, lo que se pretende es señalar que dentro de las organizaciones sociales, siempre subyacen ciertas cuestiones que son lógicas- racionales o de sentido común, y que deben respetarse o a lo menos tomarse en cuenta- y que si esto no se hiciera, existiría el legítimo derecho a no aceptar las normas, aunque esa legitimidad fuera ilegal. ¿Cómo podrían tolerarse leyes que son abiertamente injustas y groseramente arbitrarias, sin que los ciudadanos puedan hacer nada y solamente acatarlas?
Durante mucho tiempo, en nuestro país, nosotros los ciudadanos, hemos no solo visto, sino que sido víctimas de decisiones y políticas públicas que claramente atentan contra nosotros. Es cierto que esto siempre puede ser relativo, porque siempre las leyes pueden perjudicar a alguien, por eso en democracia rige la ley de las mayorías. Pero ¿qué pasa cuando estas leyes o conductas de nuestras clases gobernante son graves, absurdas, arbitrarias?
La colusión de farmacias, con multas irrisorias, colusión del confort, las clases de ética para empresarios Lavín Delano como sanción, la vil y antipatriota entrega de nuestro mar a siete familias por medio de cohecho judicialmente acreditado, y cuyos parlamentarios, que lo siguen siendo como si nada, legislan, (incluso son los grandes promotores del control de identidad a menores de 14 años), multas irrisorias a empresas mineras que arrojan concentrado de cobre al río desde donde consumimos agua potable y se riegan nuestros valles, depredación extrema e irresponsable de nuestros suelos, ríos, bosques.
Poco a poco se ha ido generando un descontento social, que subterráneamente se expresa en molestia, en descredito, en desidia, en rabia.
Este último tiempo nos hemos enterado de los denominados medidores inteligentes, aprobados entre unos y otros, con culpas compartidas, con muchas sospechas de por medio. Un hecho que sin duda podría ser quizás no tan significativo, pero que sumado a tantos otros, se transforma en el detonante de la acumulación contenida de descontento. Es un salto cualitativo en una acumulación cuantitativa de abusos, es el acorazado de Potemkin en la Rusia zarista, es en fin, la gota que derramó el vaso.
Los unos nos culpamos con los otros para defender lealmente a los nuestros, llegando a un punto muerto, a un empate absurdo, olvidando que la primera lealtad es a los principios que nos mueven a asumir cierta visión del mundo y una postura en los dilemas de la sociedad. Se deslegitima a diario la política, que es la única arma que permite defendernos frente al mercado.
La ciudadanía, así como lo hicieran los pueblos a fines de la edad media, tienen el legítimo derecho a desobedecer la norma injusta, a lo menos intentar resistirla. Nuestra propia legislación provee la manera de hacerlo, porque el famoso medidor debe instalarse en su propiedad, y en su propiedad usted usa, goza y dispone como a usted mejor le parezca, así lo dice la ley. La gente debe unirse para que entre todos realicen la misma acción, para tensionar a las autoridades a que resuelvan el problema en que ellos mismos nos involucraron. Es cierto que se podría entonces interrumpir el suministro, pero no pueden hacerlo si todos deciden tomar esta medida de resistencia.
Si se lograra hacer esta norma impracticable, imposible de realizar, la autoridad se encuentra a una encrucijada que obligará a hacer respetar, después de mucho tiempo, nuestros derechos, y lo más importante, la ciudadanía hará valer el último bastión de soberanía que le está quedando, y por sobre todo, enviaría claramente el mensaje a nuestros gobernantes, que ya no está dispuesta a tolerar el abuso que se comete contra ella, y que de ahora en adelante, cuando se legisle y se gobierne, tendrán que tener el cuidado debido frente a un país que ha despertado del largo sueño embrutecedor, para hacer valer lo que corresponde, simplemente aquello, nada más, pero tampoco nada menos.
Los medidores inteligentes y la desobediencia ciudadana.
