Por: Ps. Víctor Cortés Zapata.
La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), en su instrumento legal sobre la Convención Contra la Tortura, artículo 14, dispone que “Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura, la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.
Como Estado Parte, nuestro país tiene la exigencia legal y ética de respetar los términos reparatorios e indemnizatorios a todas las víctimas de prisión política y tortura durante la Dictadura. La tortura física como la tortura psicológica sufrida por los presos políticos, produjo traumas emocionales conscientes e inconscientes devastadores en sus personas y, en grado no menor, a sus familiares, afectando, principalmente, las etapas del desarrollo humano de los hijos, precipitando el quiebre de proyectos de vida y sumiendo en el temor y el miedo al país, que no en vano presenta, actualmente, una de las más altas tasas de patologías mentales en el mundo.
La sociedad chilena, recién comienza a enterarse de la dimensión alcanzada por la barbarie vivida durante esos 17 penosos años. El grado de furia irracional y de crueldad maligna e inhumana sufrida por el cantante y poeta Víctor Jara, es representativo de tal grado de descomposición moral de los agentes de la dictadura, ordenados por un sistema de frío aniquilamiento físico, perverso y de una truculencia inaudita.
La reinserción laboral no ha sido un proceso fácil para los ex prisioneros políticos, condenándoles a una condición indigna en su calidad de vida. El paso de los años, por otra parte, ha mermado, naturalmente, su capacidad física dependiendo, para vivir, en la mayoría de los casos, de una insuficiente pensión reparatoria de 170 mil pesos, que no alcanza a cubrir necesidades de salud, habiendo fallecido ya alrededor de 10 mil ex presos políticos, de acuerdo a datos difundidos por la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos Salvador Allende.
Una prolongada Huelga de Hambre en el año 2015, iniciada por la Agrupación de ex presos políticos de San Felipe, la que fue sumando adhesiones a través de las diversas Asociaciones del país, permitió una propuesta de solución global indemnizatoria por parte del Gobierno, de un monto de 8 millones de pesos, la que fue dada a conocer a la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Cámara de Diputados, aún en trámite, de la cual se acordó adelantar para fines del mismo año, 1 millón de pesos, cantidad ya entregada.
Las necesidades crecientes insatisfechas que causa el retraso en el cumplimiento de esta propuesta referida, ha llevado a seis ex presos políticos de Santiago a retomar una Huelga de Hambre que ya cumple tres meses, hecho dramático que ha sido ignorado por los medios de comunicación en su conjunto, además de una inconsecuente insensiblidad del gobierno, ante lo cual, los huelguistas podrían acordar dejar de ingerir agua, esto es, una Huelga Seca. Al no ser escuchados, sus demandas de justicia las llevarán a la Comisión de DD.HH. de las Naciones Unidas. Han afirmado estar dispuestos a dialogar estando movilizados. A la petición de indemnización justa por parte del Estado, plantean, además, poner fin a los 50 años de silencio impuestos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a los documentos y nombres responsables del terrorismo de Estado.
Cabe esperar una mirada humana por parte del Gobierno y la sociedad chilena en su conjunto, frente a la crítica situación que viven los huelguistas dispuestos al máximo sacrificio, por defender sus derechos y el de sus representados, a una vida digna, rompiendo la barrera del silencio y la invisibilidad social, que afecta a esforzados y sufridos hombres y mujeres que, movidos ayer por un idealismo y protagonismo social, pagaron injustamente con cárcel y tortura, el legítimo deseo de incidir en la construcción de un país justo, humano y solidario.