Alrededor del mediodía una mujer solicitó la presencia de Carabineros hasta su domicilio tras sostener una fuerte discusión con su exconviviente de iniciales S.A., a quien lo conminó a hacer abandono del inmueble.
A la llegada de Carabineros la dueña de casa les relató que al momento de entregarle una caja fuerte al hombre se percató que en su interior contenía tres municiones calibres 7.57, 40 y 32 utilizados en fusiles de guerra.
La mujer para probar la efectividad de su denuncia les hizo entrega a los funcionarios los proyectiles, indicándoles además que su expareja se encontraba aún en el interior del domicilio sacando sus pertenencias.
Los uniformados ingresaron a un dormitorio del inmueble donde se encontraba el sujeto, descubriendo que a un costado del televisor había una bolsa de nylon conteniendo droga y una pesa digital.
Acto seguido revisaron un bolso donde el hombre mantenía otras bolsas conteniendo marihuana y cocaína.
Tras el hallazgo se movilizó al lugar el OS-7 que realizó el pesaje y prueba de campo de las sustancias, determinando que se trataba de 1 gramos 70 milígramos de cannabis sativa, 28 gramos 270 milígramos de cocaína, y otro gramo 640 milígramos de la misma sustancia. Además de decomisó una pesa digital, todo lo cual fue remitido a la fiscalía como medios de prueba.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía donde fue formalizado por el fiscal Alberto Gertosio por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones.
Aunque no registra antecedentes penales, de igual modo la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, a la cual se opuso el abogado defensor señalando que su representado tenía irreprochable conducta anterior y que la droga sería para consumo personal y no para comercializar.
Respecto a las municiones expresó que el imputado las tenía guardadas desde el tiempo que realizó el servicio militar.
Finalmente la jueza Valeria Crosa decretó la prisión preventiva al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
