Dr. Benoît Delooz
Abogado y Académico UCEN
El 14 y el 16 de abril se publicaron los decretos Nº 246, 247 y 248 del Ministerio del Interior por los cuales transfieren competencias a los gobiernos regionales, de aquellas normalmente radicadas en el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), respectivamente.
Corresponden a transferencias temporales respecto de aquellas competencias individualizadas por el Presidente de la República, todo conforme el artículo quinto transitorio de la ley 21.074 de profundización de la regionalización.
A partir de la lectura de estos decretos surgen algunas inquietudes y reflexiones. En primer lugar, solo se puede felicitar que poco a poco las transferencias se concreten, aunque estaba prevista su vigencia en un sistema gradual desde el 1 de enero de 2021.
También destaca que esas nuevas competencias serán ejercidas de manera compartida según señalan los decretos, aun cuando las condiciones de su ejercicio y el seguimiento de éste por parte de los diferentes organismos plantea más bien una suerte de tutela de sobre los GOREs, no solamente normativa, sino financiera y técnica. Lo que hace pensar, en cierta medida, en una forma de desconcentración camuflada, como lo he sugerido más de una vez. Lo anterior se ve confirmado por el hecho de que las transferencias retornarán a los organismos mencionados, vencidos los plazos que en los mismos decretos se fijan para su extinción.
Los decretos precisan que esas transferencias no irrogan gastos para los GOREs. Ello porque se sostiene que en el caso de Sercotec, “la competencia transferida corresponde a actividades de planificación y coordinación, facultad, conocimiento y experiencia que los Gobiernos Regionales ya poseen y la cual puede ser ejercida por los nuevos equipos contemplados en la ley”. Para Corfo y Fosis, la transferencia de competencias tampoco irrogaría gastos, pues, “no comprende la transferencia de recursos económicos, materiales ni de personal para los gobiernos regionales”.
Empero, un análisis fino del ejercicio de las competencias deberá ser realizado, ya que parece poco probable que su implementación no sea fuente de gasto para los GOREs, a pesar de las diferentes modalidades de acompañamiento que se anuncian por parte de los tres organismos. Sobre este último punto, las normas proponen un soporte continuo a través de capacitaciones, talleres, ya sea en formato presencial y/u online, todo con el objeto de fortalecer las capacidades existentes en los GOREs para el ejercicio de la competencia. Sin embargo, esos medios de implementación se ejecutarán con cargo al presupuesto del Servicio que transfiere las competencias, lo que mantiene una lógica de control tutelar.
A pesar de todas esas dudas, hay que celebrar la aplicación parcial aún de la ley 21.074. Habrá que estar atentos el uso que los GOREs harán de estas nuevas competencias y en qué medida podrán reforzar sus poderes y los de los futuros gobernadores regionales.
