También a dos empleadores chilenos que no había hecho contrato laboral
La Policía de Investigaciones (PDI) denunció ante la Gobernación Provincial de Los Andes a cinco ciudadanas extranjeras, correspondiente a dos dominicanas, dos colombianas y una ecuatoriana, que fueron sorprendidas trabajando en forma irregular en night clubs de la ciudad de Los Andes durante un servicio de fiscalización realizado por detectives del Departamento de Extranjería y Policía Internacional, en el que también participaron funcionarios de la secretaría regional ministerial de Salud.
La labor igualmente permitió detectar a dos empleadores chilenos que no mantenían contrato laboral a trabajadoras y a ocho personas que registraban antecedentes policiales.
En este procedimiento, los policías efectuaron control de identidad y consulta de antecedentes a un total de 57 ciudadanos, tanto chilenos como extranjeros.
La fiscalización llevada a efecto y los resultados que arrojó fueron dados a conocer por el subprefecto Daniel Moraga, jefe de la Prefectura Provincial Los Andes; el comisario Julio Vega, jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional; y el gobernador provincial Sergio Salazar.
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
“Hemos efectuado la denuncia a la gobernación a fin de que se apliquen las medidas administrativas correspondientes a cinco ciudadanas extranjeras, tres de ellas que estaban trabajando sin su respectivo permiso y dos, que son las dominicanas, que este año ingresaron en forma clandestina a nuestro país por Arica evadiendo el control migratorio”, detalló el subprefecto Moraga.
Respecto a los dos empleadores, señaló que estaban brindando trabajo a extranjeros sin su correspondiente contrato.
Indicó que todas estas personas quedaron sujetas a firma en el Departamento de Extranjería y Policía Internacional “para tener un contacto periódico respecto a su ubicación”.
El jefe policial manifestó que la PDI, en el ejercicio de sus funciones, debe fiscalizar “que los extranjeros en nuestro territorio permanezcan con su condición migratoria regular”.
EXPULSIÓN Y MULTAS
Por su parte, el gobernador Salazar expresó que como gobierno desde abril iniciaron un proceso de regularización para “ordenar la casa”, motivo por el cual se les entregaron herramientas para regularizar su situación en nuestro país.
“Aquellas personas que han cumplido con su proceso administrativo, se han acercado a nuestras gobernaciones provinciales y cumplido con sus protocolos, por supuesto que van a gozar de los beneficios que ello significa; pero quienes no lo han hecho, tendrán que cumplir con la legislación vigente”.
En relación a quienes fueron denunciados por la PDI, dio a conocer que los antecedentes fueron elevados a la Intendencia Regional y en el caso particular de las ciudadanas extranjeras que entraron por pasos clandestinos, “la medida que esperamos es su expulsión”.
Respecto a las otras tres extranjeras y los dos empleadores, dijo que la sanción es la aplicación de multas por parte de la Inspección Provincial del Trabajo.
