Entre los detenidos por la Biro figuran el dueño de una armería y un funcionario de Carabineros.
La incautación de una gran cantidad de armamento, municiones y otras especies, además de la detención de cuatro sujetos, entre ellos el dueño de una armería y un funcionario de Carabineros de la Autoridad Fiscalizadora, fue el resultado de amplios operativos por el delito de tráfico de armas llevados a efecto por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) Los Andes, desarrollados en comunas del Valle de Aconcagua y de otros puntos del país, conforme a la coordinación y lo instruido por la Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional.
Como lo adelantamos en elandino.cl, el fiscal Benjamín Santibáñez, de la unidad especializada y a través de la Fiscalía Valparaíso, informó que la investigación se inició el 2018 luego que personal de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe arrestara a un individuo que les apuntó con un arma de fuego durante un procedimiento policial, quien mantenía en su poder y le fueron incautadas dos pistolas marca Glock y una pistola marca Steyr, verificándose que dos de éstas se encontraban inscritas a nombre de terceras personas.
En virtud a lo anterior, el Ministerio Público despachó una orden de investigar a la Biro de la PDI Los Andes que tomó contacto con dos personas y quienes manifestaron “que a ellos se les habían pagado diferentes sumas de dinero a cambio de que proporcionaran certificados de antecedentes para fines especiales y una fotocopia de su cédula de identidad”.
Al proseguir con las diligencias, se determinó que dichas armas de fuego habían sido adquiridas en una armería de Constitución, en la Región del Maule, e inscritas en la Autoridad Fiscalizadora de la misma comuna.
IRREGULAR INSCRIPCIÓN DE ARMAS
El persecutor añadió que posteriormente se estableció que un gran número de armas estaban en esas condiciones, “toda vez que eran inscritas a nombre de personas que no concurrían a la armería ni tampoco a la Autoridad Fiscalizadora; por lo tanto, no se estaba dando cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Armas y su reglamento complementario, en cuanto a la tramitación y documentación que se debe adjuntar para que una persona pueda inscribir un arma a su nombre, es decir, un procedimiento absolutamente irregular».
Durante la investigación se logró la identidad de diez partícipes en este hecho, “de los cuales dos eran de Constitución, uno el dueño de la armería y el otro un funcionario de Carabineros de la Autoridad Fiscalizadora; más otros individuos que eran los que reunían los antecedentes de estos sujetos que prestaban su documentación y que, posterior a ello, concurrían hasta dicha comuna donde efectuaban la tramitación y adquisición de armas que eran entregadas en forma inmediata”, explicó el fiscal.
ÓRDENES DE DETENCIÓN
Con estos antecedentes fueron solicitadas al Juzgado de Garantía de San Felipe órdenes de detención en contra de cuatro personas, dando a conocer el fiscal Santibáñez que al momento del arresto del dueño de la armería se incautó diverso armamento y municiones, detallando que se cuentan 25 escopetas, 4 rifles, 2 fusiles, 15 pistolas de diferentes calibres, 3 revólveres calibre 38, 28 mil cartuchos de diferentes calibres y otras especies.
En tanto, desde la Autoridad Fiscalizadora se incautaron documentos que será periciados para efectos de determinar si son falsos.
Añadió que el tercero de los detenidos es de la comuna de Quinta Normal, Santiago, al que se le incautaron 3 pistolas, un revólver, una escopeta, un rifle y más de 300 cartuchos de diferentes calibres. De igual modo, el sujeto mantenía 5.720 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 1.076 kilos de alambres de cobre manufacturados para la venta y que eran de propiedad de la empresa Movistar.
El cuarto de los aprehendidos es de la comuna de Putaendo, en la provincia de San Felipe.
FORMALIZACIÓN DE IMPUTADOS
El fiscal Benjamín Santibáñez indicó que los imputados serán formalizados hoy en el tribunal sanfelipeño en una audiencia que se efectuará por videoconferencia.
