Por: Pedro Ávila, sociólogo
Un país no debe evaluarse sólo por la calidad de su infraestructura, el poder de su ejército ni por el monto de su producto interno bruto, sino que por la forma en la que trata a sus ciudadanos y en particular, a los más vulnerables como lo son los niños.
De acuerdo a las cifras del cuarto estudio de maltrato infantil en Chile realizado por la UNICEF el 2012, el 71 % de los niños y niñas de nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia y el 25 % ha sido víctima de violencia física grave. Pero a pesar de que hemos naturalizado esta realidad, no podemos olvidar que detrás de esas cifras existe sufrimiento real de menores que día a día son abusados, atormentados y violentados; algunos en sus propias familias, otros en hogares de menores (más del 90 % corresponden a organismos privados) y varios más fuera de estos núcleos.
Con esos datos en la mano, resulta preocupante que la calidad de vida de los niños en abandono, pobreza extrema y vulnerables al abuso sexual no sean una prioridad a nivel país. Me parece que esta realidad es el reflejo de una importante crisis moral que atraviesa Chile, en donde el individualismo le ha ganado la batalla a valores como la empatía, la dignidad y el amor al prójimo.
No quiero que haya confusiones: Esta es una problemática de Estado y a nivel país, con una realidad que no ha sido prioridad en el congreso, tampoco para los medios de comunicación, la ciudadanía no lo menciona, jamás ha habido una manifestación masiva por ello y las encuestas ni siquiera lo preguntan.
Un ejemplo de ello fue el fugaz interés público en este tema cuando “Chile Vamos” interpeló a la ex ministra de justicia Javiera Blanco, pero luego de que se apagaron las cámaras, y habiendo pasado solo 5 meses, no hubo quorum para discutir el proyecto de ley que buscaba aumentar la penalidad y las sanciones para los delitos cometidos contra menores. De los 118 diputados habilitados, asistieron 36 y sólo 11 diputados de Chile Vamos estuvieron presentes en esa frustrada sesión. Luego de ese bochorno, el 15 de marzo el Senado despachó finalmente el proyecto.
Hace aproximadamente un año, la Presidenta Bachelet entregó al país la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025, y a finales de marzo pasado, envió al congreso un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social; y un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que dependerá del Ministerio de Justicia.
Ambas iniciativas son pasos contundentes en la dirección correcta, pero deben ir acompañados de un acuerdo nacional a nivel político y ciudadano que deje de lado la mezquindad y el cálculo electoral, y que cuente además, con el empuje constante de todos los actores que articulan nuestra sociedad, de lo contrario, y tomando en cuenta que está terminando el periodo gubernamental, el proyecto de ley puede quedar durmiendo en el congreso, y la política nacional acumulando polvo en la librería de las buenas intenciones.
Considerando que es difícil pensar en algo más urgente que la calidad de vida y la felicidad de los niños que viven en la pobreza extrema, abandono y maltrato, es nuestro deber moral entregar a los hijos de Chile todas las oportunidades, resguardos y amor que se merecen.
Personalmente, no puedo dejar de sentir asco al recordar que mientras escribo y usted lee esta columna, hay niños en suelo chileno siendo abusados física, sicológica y sexualmente, completamente olvidados por los mismos que alzaban banderas cuando, fugazmente, el tema estuvo en la agenda.
¿Dónde están los “pro-vida”? ¿Dónde están los que marchan por la defensa de un feto inviable o que rasgan vestiduras para obligar a un niña violada a continuar con el embarazo? ¿No les preocupa acaso el niño que sí nació y que está sufriendo?, ¿Y el resto? Seguimos mirando el tema con la monotonía de la indiferencia, absortos de lo que ocurra en la teleserie de Rafael Garay, el reality de turno, o el último dramón amoroso de la farándula.
